Después de los últimos acontecimientos violentos en las penitenciarías de San Pedro y Tacumbú, el Gobierno impulsa una ley que declara emergencia penitenciaria y lo autoriza a ultimar recursos económicos y humanos.
El proyecto aprobado ayer por la Cámara de Diputados autoriza al Poder Ejecutivo –durante un tiempo de 365 días- a utilizar el régimen de excepción para la contratación de personal, así como la compra de bienes y servicios destinados al servicio penitenciario. Así también, lo faculta incluso a utilizar fondos de las binacionales a fin de construir nuevas cárceles.
Fueron 42 los votos positivos para la aprobación del proyecto en cuestión, con la negativa de 24 Diputados y 2 abstenciones.
El proyecto es criticado por algunos sectores que consideran inconstitucional algunos aspectos de la idea, por ejemplo: que militares custodien los perímetros de las cárceles, tal como autoriza el texto en estudio.
La cuestión ahora debe pasar al Senado y se espera la aprobación, teniendo en cuenta el pacto cerrado por el gobierno con distintos sectores que hizo posible el resultado positivo para otras iniciativas del Gobierno.
