Se reactivó la mesa interinstitucional entre los poderes del Estado para encontrar soluciones a la emergencia en el sector. Participan la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General del Estado, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de la Defensa Pública.
Se reactivó la mesa interinstitucional entre los poderes del Estado para encontrar soluciones a la emergencia en el sector penitenciario, en donde se acordó una evaluación general de las estadísticas sobre las personas privadas de su libertad.
El objetivo es determinar si aumentaron los hechos punibles graves o la aplicación de criterios de prisión preventiva son exagerados, indicó la ministra de Justicia, Cecilia Pérez. Datos del Ministerio de Justicia indican que un 75% de la población penitenciaria no cuenta con condena y están dentro del sistema por prisión preventiva.
De la reunión participaron autoridades del Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de Defensa Pública, quienes presentarán dentro de 15 días las estadísticas que tengan sobre personas privadas de su libertad para el análisis, según reseña la agencia estatal de noticias IP.
Igualmente, se conversó sobre la vinculación de plataformas informáticas con la Defensa Pública y el Poder Judicial, a través del Sistema de Información Penitenciaria (SIPPy) y el Sistema de Gestión Jurisdiccional (Jusisoft), respectivamente.
Durante la reunión también se acordó trabajar en un análisis porcentual sobre la modificación del Artículo 245 del “Código Procesal Penal”, porque si bien en los primeros tiempos logró descomprimir el hacinamiento, el Ministerio de Justicia registró nuevamente un incremento notorio de la población penal.
De la cumbre de poderes de este lunes participaron la ministra Pérez, la defensora general Lorena Segovia, el presidente de la CSJ, Eugenio Jiménez Rolón, acompañado de los ministros del Poder Judicial, la fiscal general Sandra Quiñónez y el senador Fernando Silva Facetti.
