En un fallo de la Sala Constitucional ampliada, la máxima instancia judicial resolvió rechazar una Acción de Inconstitucionalidad promovida por la Contraloría, por lo que deberá entregar las Declaraciones Juradas de los funcionarios públicos.
Casi por unanimidad la Sala Constitucional ampliada de la Corte Suprema de Justicia -que por inhibiciones fue conformada con algunos camaristas- decidió rechazar una Acción de Inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República.
Recordemos que la CGR había presentado acciones contra resoluciones judiciales de menor rango. Esas resoluciones le ordenaban al órgano contralor entregar las Declaraciones Juradas de las autoridades a ciudadanos peticionantes.
El fallo tiene lugar justo en la semana en la que la Cámara de Diputados sancionó una polémica ley por la cual, según algunas opiniones, se “despenaliza” el falseamiento de datos en las Declaraciones Juradas.
Este Acuerdo y Sentencia de la Corte, tendrá como resultado que la Contraloría deba entregar las Declaraciones Juradas de autoridades electas desde el año 1997 a la persona que promovió el Juicio de Amparo, cuya sentencia fue la recurrida mediante inconstitucionalidad.
De acuerdo a opiniones de varios juristas, las sentencias judiciales en estos casos solo sirven a las partes, por lo que otros ciudadanos que deseen acceder a estas Declaraciones Juradas también deberán promover juicios de amparo.
Todavía existe un debate en la forma de aplicación de esta resolución.
