La ley que creó dicha instancia tuvo el voto de legisladores de la ANR y fue promulgada por Nicanor Duarte Frutos. Su administración además fue la primera en pagar las indemnizaciones a las víctimas de la dictadura de Stroessner.
Las recientes expresiones del senador Fidel Zavala sobre a la Comisión de Verdad y Justicia -poniendo en duda los resultados de su informe- dio pie para reflexionar sobre los orígenes de dicha instancia.
Muchos, en las redes sociales, cuestionaron al legislador enfatizando que “ni los colorados se animaron a tanto”… pero se echa en olvido que fue durante un gobierno colorado que no sólo se sancionó y promulgó la ley que le dio existencia, sino que fue también una administración republicana la que la sostuvo financieramente.
Es más, fue el propio Nicanor Duarte Frutos quien instaló oficialmente a la Comisión durante un acto celebrado en el Palacio de López, en agosto de 2004, en presencia de todos sus miembros y las más altas autoridades del Estado.
Además de este hecho histórico, el gobierno de Nicanor Duarte Frutos fue el primero en pagar indemnizaciones a las víctimas de la dictadura de Stroessner. La ley existía desde el gobierno de Wasmosy pero ningún gobierno anterior le dio presupuesto y ejecución.
Activistas de los derechos humanos afirman –hoy como ayer- que a ellos se debe la concepción de la ley y el lobby para su aprobación por parte del Congreso, lo cual no deja de ser verdad. Sin embargo, tampoco es menos cierto que fueron parlamentarios colorados y un gobierno colorado quienes le dieron su sanción, promulgación y viabilidad.
Resulta además sorprendente que nadie se pregunte por qué razón fue el gobierno colorado de Duarte Frutos el que atendió y apoyó políticamente una reivindicación que gobiernos anteriores ignoraron. La razón de este olvido tiene generalmente una única función: borrar las acciones inéditas del gobierno de 2003-2008 para fabricar los mitos fundacionales del luguismo.
La ley Nº 2.225 “Por la cual se crea la Comisión de Verdad y Justicia”, fue promulgada por el entonces presidente Nicanor Duarte Frutos a menos de dos meses de asumir el mando, en octubre del año 2003.
La norma tradujo un imperativo histórico consensuado por la mayoría de los partidos con representación parlamentaria, como su texto mismo lo dice: conocer qué sucedió y de qué personas se atropellaron los derechos humanos fundamentales durante la oscura e interminable noche de la dictadura stronista.
Esa misión fue crucial en todos aquellos países que sufrieron regímenes dictatoriales, y no solamente porque debieran desentrañarse los hechos que desencadenaron violencias estructurales, sino también porque esa labor era indispensable para ayudar a cicatrizar las profundas heridas que esos sistemas dejaron en la población.
La propia norma establecía, además, en su artículo 7º, que un representante del Poder Ejecutivo y uno del Legislativo serían miembros naturales de dicha instancia, por lo que no puede leerse su trayectoria ni entenderse su informe final sin tener en cuenta que los mismos contaron con una legitimación del poder democráticamente constituido.
Inmediatamente, y a solicitud de los mismos miembros de la Comisión, la Cancillería Nacional, encabezada entonces por Leila Rachid, acogió en su seno –y en el presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores- a la novel institución de carácter temporal, ya que la misma ley establecía el tiempo de su trabajo y la presentación de sus conclusiones.
La actitud de la entonces ministra le valió con posterioridad el reconocimiento de los miembros de la Comisión, incluidos por aquel entonces figuras tan expectables como Judith Rolón y el obispo Mario Melanio Medina, conocido por su trayectoria en pos de la vigencia de los derechos humanos.
«Por otra parte, y en un hecho sin precedentes en la historia de la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores decidió, de manera unilateral, abrir sus archivos al total escrutinio de la Comisión de Verdad y Justicia, a fin de que la misma pudiera investigar, tal y como lo hizo, aproximadamente con un total de 12 peritos, toda la documentación vinculada con el accionar de esta Cartera de Estado y su eventual involucramiento en casos de persecución y violación de derechos humanos a connacionales radicados en el exterior durante la época del Gobierno de Stroessner», dicen las Memorias de la Cancillería, firmadas por Leila Rachid y Rubén Ramírez, los dos cancilleres del periodo encabezado por Duarte Frutos.
«Así también, la Cancillería Nacional participó al más alto nivel de la Audiencia Pública realizada por la Comisión de Verdad y Justicia en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, para recibir denuncias sobre casos de persecución, tortura y/o desaparición de ciudadanos paraguayos en el vecino país, especialmente durante el periodo en que el mismo fue gobernado por Juntas Militares», añade el documento.
Así las cosas, queda la impresión de que ni Zavala conoce los antecedentes históricos de la Comisión -creada por ley-, ni tampoco los más «aguerridos» defensores de la misma saben a ciencia cierta qué rol desempeñó el propio Partido Colorado, entonces en el poder, en su merecida instauración y necesario funcionamiento.
