El documento sancionado por el Congreso Nacional había sido solicitado por el Ejecutivo de manera a avanzar en la compra de vacunas de manera directa con los fabricantes. Según las autoridades sanitarias están avanzadas las negociaciones.
Durante la sesión extraordinaria de este miércoles 13, el pleno de la Cámara de Diputados sancionó el proyecto de ley “Que declara de interés público la investigación, desarrollo, fabricación y adquisición de las vacunas contra el COVID- 19”, el cual agilizará la compra de dichas vacunas por parte del Estado paraguayo, para la inmunización gratuita de cierto porcentaje de la población nacional.
El visto bueno al documento se dio luego de un amplio debate y de la constitución del pleno en comisión, de manera a cumplir con los requerimientos para el tratamiento de un proyecto que no cuenta con dictamen de ninguna comisión asesora.
Uno de los temas más cuestionados fue el pedido de aplazamiento del tema, promovido por el diputado Jorge Brítez (Independiente-Alto Paraná), para aguardar un parecer del Comité Nacional de Bioética.
Ante esta propuesta, varios congresistas remarcaron que el país precisa volver a la normalidad.
La diputada Celeste Amarilla (PLRA-Central), sostuvo que “Paraguay ya no aguanta la pandemia; la educación, el trabajo y el desarrollo económico deben volver”, significó.
Igualmente, el diputado Raúl Latorre (ANR-Capital) recordó que la vacuna es voluntaria y que nuestro país sólo cuenta con dos alternativas para retomar el curso a la normalidad, las cuales son: inmunizar a un porcentaje de la población o permitir el contagio elevado para generar una inmunización temporal masiva, lo que podría acarrear elevados costos, como la vida de muchos compatriotas y el colapso total del sistema sanitario.
Otro punto cuestionado fueron las cláusulas contractuales requeridas por los laboratorios fabricantes de la vacuna contra el COVID-19.
Asimismo, el texto aprobado involucra a la Procuraduría General de la República en los procesos de negociación a fin de precautelar los intereses genuinos de la Patria, la Contraloría General de la República, para su estudio y dictamen correspondiente del contrato, y la remisión de los antecedentes a las comisiones de Salud de ambas cámaras del Congreso Nacional.
En síntesis, esta disposición facultará al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPYBS), a suscribir contratos con los laboratorios que cuentan con vacunas autorizadas en carácter de emergencia, pudiendo incluir cláusulas de aplicación de ley extranjera, prórroga de jurisdicción y arbitraje, indemnidad patrimonial, exención de responsabilidad por efectos adversos y confidencialidad, con el único objetivo de acceder a la cantidad suficiente de dosis de la vacuna para su utilización contra el COVID-19 en el menor plazo posible y así proteger la salud de la población.
El documento fue sancionado y se dispuso su remisión al Poder Ejecutivo para su consideración.
