Martín Duarte escribe sobre el libro Historia económica, política y social de Mario Rapoport, refiriéndose al período 1955-1966, es decir los años posteriores a la denominada Revolución Libertadora argentina que derrocó a Perón.
Por: Martín Duarte
En esta breve reseña del periodo 1955-1966 del libro Historia económica, política y social de la Argentina, de Mario Rapoport, me interesaría rescatar algunos aspectos del hilo central que conduce el drama político de este periodo, el cual puede resumirse con la siguiente pregunta: ¿qué hacer con el proceso de institucionalización del movimiento obrero y, particularmente, con el protagonismo económico, político y social logrado durante los años peronistas?
Antes de entrar en el periodo, es relevante destacar que la caída de Perón obedeció más a una espiral contradictoria de sucesos políticos que a la situación económica nacional.
Luego de que la extraordinaria coyuntura de los términos del intercambio en el comercio exterior cesase (los precios de los bienes agropecuarios de exportación empiezan a descender bruscamente), Perón reorientó los rumbos de su política económica. En contra de su profesado nacionalismo económico, y aún contra la Constitución justicialista de 1949- la cual declaraba como inajenable y de propiedad estatal todos los recursos naturales encontrados en el territorio nacional- Perón inició un proceso de apertura económica con tendencias más ortodoxas, alentando la radicación de capitales extranjeros, sobre todo norteamericanos.
La entrada de capitales extranjeros respondía a la necesidad de profundizar el proceso de industrialización. Dicho proceso, en el segundo mandato de Perón, ya había logrado una sustitución acabada de importaciones de bienes de consumo. Sin embargo, continuaba la dependencia respecto de los insumos de la industria básica, tales como combustibles, tecnología, bienes de capital, etc.
Al mismo tiempo, las reservas de divisas se agotaban por el vasto proceso de importación de elementos necesarios para la expansión industrial. Por otro lado, la poca productividad del campo y las dificultades para colocar sus productos en el mercado exterior anulaban una de las posibles fuentes de divisas.
Este cambio de posición de Perón respecto de su antiguo nacionalismo económico y estatismo le valió el recrudecimiento de sectores de la oposición. La UCR Intransigente (UCRI), de tendencias izquierdizantes, optó como estrategia colocarse aun más a la izquierda del propio programa peronista. De este modo, bajaba una línea discursiva en la cual las intenciones de Perón de negociar acuerdos petroleros con compañías norteamericanas eran vistas como una claudicación ante el imperialismo yanqui. En este sentido, la UCRI apuntaba a la profundización de la independencia y la soberanía en el terreno económico, proponiendo una tendencia de política económica fuertemente industrialista y autarquizante.
Volviendo al punto central, luego del golpe de Estado de 1955 organizado por una oposición marcadamente heterogénea- socialistas liberales, católicos y nacionalistas, sectores conservadores, la Iglesia Católica, sectores medios de universitarios y profesionales- el general Lonardi, representante de sectores católicos y nacionalistas, fue el primero que debió enfrentar la herencia del peronismo.
Lonardi llevó adelante una aproximación conciliatoria frente al sindicalismo y al peronismo. Consideraba, a diferencia de sectores ultraliberales de la oficialidad- como por ejemplo, Aramburu- que no toda herencia del peronismo debía ser extirpada de la historia argentina. Como consecuencia de esta posición, y bajo presión de oficiales comprometidos con los principios de la Revolución Libertadora (retorno al liberalismo económico y social, combatir al “totalitarismo” representado por el peronismo) tuvo que renunciar luego de dos meses.
Su sucesor, el general Pedro E. Aramburu, sí se mostro comprometido en acabar con todo rastro de peronismo en el Estado y la sociedad argentina. Es así como inicio una ofensiva antilaboral: intervino la CGT, disolvió el Partido Peronista, proscribió las actividades políticas de los peronistas, incluso el uso de símbolos o consignas que aludieran al líder exiliado.
Se trataba de retornar al liberalismo económico y social, así como defender la “democracia” frente a lo que era visto como totalitario. En este sentido, los sindicatos debían descentralizarse, dislocarse y negarse su legitimidad como actores políticos.
Sin embargo, en medio de una incipiente puja en el Ejército, entre sectores más legalistas y abstencionistas y otros sectores recalcitrantemente antiperonistas tendientes a proponer un gobierno de facto, se convocan a las elecciones presidenciales de 1958.
Arturo Frondizi, destacado líder de la UCR Intransigente, llegó a la primera magistratura, mediando la proscripción electoral del peronismo.
La victoria electoral de Frondizi se dio gracias al voto peronista. El líder radical había concertado un pacto con Perón mediante el cual, a cambio del voto de los peronistas, se realizaría una sólida reintegración política y social del peronismo.
Por otra parte, es importante remarcar que las Fuerzas Armadas iban cada vez más afirmando su autonomía relativa frente al poder civil, ejerciendo una intervención tutelar sobre los gobiernos civiles, con el fin de resguardar los ideales de la Revolución Libertadora.
Entonces, bajo estas condiciones, los distintos gobiernos (Frondizi, Guido, Illia) debieron maniobrar ante la fragilidad de su legitimidad, el tutelaje de las fuerzas armadas y el potencial electoral del peronismo.
Cada uno de estos presidentes afirmó al principio que restablecería el orden jurídico y pondría en libre juego a los poderes constitucionales. Es así que tanto Frondizi como Illia permitieron la participación del peronismo en las sucesivas elecciones del periodo, con la taxativa exclusión del propio Perón.
Sin embargo, Frondizi debió renunciar ante la supremacía electoral de los peronistas en las elecciones para gobernadores, quedando demostrado que la desperonización de las fuerzas sociales había fracasado.
Vemos así que el juego político no daba muchos márgenes de autonomía y decisión política a estos gobiernos de democracia restrictiva que abarcan el periodo. Por un lado, debían hacer frente al movimiento sindical que había salido unido de la etapa de la resistencia, en la cual dirigentes sindicales y obreros se opusieron a la ofensiva antilaboral que ponía en peligro sus conquistas históricas. Por otro lado, debían enfrentar a un Ejército que estaba polarizado entre los azules -legalistas y conciliatorios- y los colorados- antiperonistas partidarios de una “dictadura democrática” frente al totalitarismo peronista. Por último, debían buscar maneras de legitimar sus gobiernos en el contexto de la proscripción de un partido político cuyos fieles adherentes tenían la clave de las victorias electorales.