Las trabas burocráticas complican el objetivo de aliviar gastos de bolsillo a familiares de pacientes internados en UTI: se debería forjar un convenio entre el MSPBS y las farmacéuticas para agilizar los procesos y realmente brindar soluciones a las personas afectadas por el Covid-19.
Según los reclamos que manifiestan sus destinatarios en redes sociales, el programa Pytyvõ Medicamentos no está funcionando tal como lo esperaba el Gobierno.
Es loable la iniciativa de suplir las carencias burocráticas del Estado, transfiriendo directamente a los familiares de los internados una suma de dinero para proceder a comprar las medicinas. Sin embargo, el proyecto no logra su cometido por su mismo diseño burocrático: un familiar de un paciente internado debe recoger la receta, ingresar a la web, completar un formulario, obtener un presupuesto de una farmacia y esperar la aprobación.
Esto puede parecer poco complicado en los papeles, algo que debería funcionar con celeridad. Sin embargo, el “análisis” de la aprobación del pedido por parte de la DIBEN es, cuando menos, muy lento.
Sucede que en dicha instancia ya todo depende del factor humano: revisar las recetas, las copias de cédula, los presupuestos, el stock de cada hospital, etc. Mientras dura este proceso es probable que la enfermedad del paciente se agrave o que lamentablemente muera.
El actual diseño de Pytyvõ Medicamentos necesita, en primer lugar, muchos funcionarios que estén haciendo la labor, y que, además, estén capacitados para actuar en este delicado contexto de urgencia. La Diben, que es la institución que está a cargo del proceso, no tiene experiencia en este tipo de políticas públicas, por lo que muy difícilmente pueda llevarlo a buen puerto.
De hecho, las primeras quejas ya empezaron a producirse, teniendo en cuenta que los números de WhatsApp, habilitados para hacer los pedidos, dejaron “en visto” a los potenciales beneficiarios, según las denuncias que surgieron en el día.
Una alternativa para inyectar racionalidad y eficacia a los objetivos del programa, podría ser la de firmar un convenio entre el Ministerio de Salud y las principales farmacéuticas del país para la provisión de medicamentos para pacientes internados en UTI, a precios de lista consensuados, abiertos al control ciudadano.
El nuevo Pytyvõ Medicamentos podría funcionar mediante tres simples pasos: 1) a la administración de cada hospital, se le asignaría una caja chica, con un monto establecido por día, para el pago de los medicamentos a las farmacias, 2) de esa manera, para retirar los medicamentos los familiares deberían registrar en la farmacia el nombre de su familiar internado, 3) las farmacias completarían los datos de la receta (médico tratante, número de registro, medicamento, fecha, etc.) sin sobrepasar un monto preestablecido por cada paciente (que podría ser el mismo que se tiene en el actual Pytyvõ Medicamentos).
Así, se garantizaría de este modo que el medicamento llegue en tiempo y también se tendría trazabilidad de los recursos públicos.
Este tipo de políticas, en tiempos dramáticos como este, podría servir para subsanar situaciones de urgencia, ya que no es monetario el principal problema de los desabastecimientos de los hospitales. La dificultad central que atraviesa el Estado no es la falta de recursos, sino que los procedimientos de compras son muy lentos y engorrosos, sumados a deleznables prácticas de especulación por parte de muchos empresarios que prefieren vender al sector privado a precios astronómicos, lo que desemboca posteriormente en licitaciones desiertas.
Como alternativa en los casos en que las farmacias de los hospitales quedan sin stock, es totalmente necesaria la iniciativa de aliviar los gastos de personas con familiares internados en UTI. Resta buscar una manera más práctica y rápida, tanto para el Estado como para los ciudadanos.
