Luego de décadas de estigmatización de los fondos sociales de las binacionales, la oposición y los grandes medios de comunicación reconocieron su legitimidad. Lo que antes era considerado ilegal ahora se volvió objeto de legislación.
Los fondos que las binacionales destinan a sus compromisos de responsabilidad social y ambiental fueron implementados oficialmente desde el Gobierno 2003-2008, y con ello, las hidroeléctricas dejaron de ser nada más que empresas generadoras de energía para pasar a ser, por primera vez en la historia, elementos centrales del Estado en la atención de múltiples problemas sociales.
Esto fue posible por medio de las gestiones políticas realizadas por el expresidente Nicanor Duarte Frutos con sus pares Luis Ignacio Lula Da Silva y Néstor Kirchner, en un momento de gran sintonía entre presidentes y naciones del Mercosur.
Durante los últimos 17 años, la oposición y gran parte de la prensa nacional tildó de ilegales a estos fondos socioambientales de las hidroeléctricas, tanto de Itaipú como de Yacyreta. A pesar de esto, la oposición no escatimó en la utilización de dichos fondos cuando llegó al gobierno, sino que, incluso, los mismos directores de las binacionales integraron el Gabinete Social del gobierno de Fernando Lugo.
En la larga letanía de ataques a los fondos sociales no se puede olvidar a representantes del partido Patria Querida, así como otros partidos menores del mismo target social, quienes durante años denunciaron como espurios a estos recursos, llegando a exigir sanciones penales por su utilización. Días atrás, representantes del mismo partido e hijos de fundadores de PQ devenidos parlamentarios -como la diputada Kattya González- se convirtieron ahora en grandes simpatizantes de la utilización de los mismos por parte del Estado. ¿Acaso no eran ilegales? Al parecer en los últimos tiempos las cosas cambiaron, porque hasta se han puesto a legislar sobre ellas.
Tampoco podemos olvidar los rimbombantes editoriales de diarios de gran tirada, acerca de la “ilegalidad” de los fondos sociales, calificándolos, además, de «vergüenza populista» y otros epítetos del mismo calibre. Estos posicionamientos alegaban como un disco rayado que la nota reversal por la cual se aprobó el uso de recursos en compromisos sociales y ambientales no había pasado por el Congreso. ¿Acaso ahora el instrumento sí fue aprobado por el Congreso?
En el pasado, la oposición denunció como un «atropello a la legalidad» la existencia de los fondos sociales; en el presente, los consideran como la solución al grave problema de abastecimiento de medicamentos.
Sin entrar en juicios de valor sobre si la ley en cuestión es necesaria o no, si es constitucional o no, lo que queda claro es que el sistema de partidos y los medios de comunicación finalmente reconocieron a los fondos sociales de las binacionales como logro histórico para el Paraguay, legitimándolos luego de décadas de estigmatización.
