La «senadora» Mirta Gusinky debe abandonar el congreso no solo por usurpar vacunas que no le corresponden, sino por usurpar funciones que desempeña ilegalmente, atentando contra la voluntad popular y el Estado de Derecho.
La vacunación irregular de la “senadora” Mirta Gusinky provocará posiblemente su salida del senado en los próximos días. El motivo no será sin embargo la usurpación de funciones que viene realizando, al ocupar ilegalmente una banca, sino la usurpación de vacunas a la que accedió utilizando indebidamente sus influencias políticas.
Esta situación pone a la cámara de senadores ante un escenario en el que probablemente se ratificará la ilegalidad de los procedimientos por los que juró como senadora Gusinky. Presionados por la ciudadanía y la prensa, la Cámara alta retiraría la investidura a una persona que es parte del senado por una simple resolución administrativa, sin haber sido electa ni proclamada por los órganos electorales competentes.
Si el senado actúa con coherencia y expulsa a Gusinky -tal como lo hizo por casos menos graves con otros parlamentarios- incorporarían de inmediato a un senador suplente. Este proceder significará un nuevo golpe al Estado de derecho, ya que Gusinky, al no ser senadora más que por usurpación, carece de suplente.
La persona que sería convocada para reemplazarla podría estar en posesión del título de senador suplente, en virtud de haber sido proclamado por la Justicia Electoral, y ostentar efectivamente el indiscutible derecho subjetivo a sustituir a un congresista titular. No obstante, el problema de fondo respecto a las circunstancias constitucionales persiste. Cubrir una vacancia del Senado que se genera a partir de una ilegal e ilegítima integración (como es el caso de Mirta Gusinky), supone convalidar, nuevamente, la vulneración de derechos políticos individuales y la composición irregular del Poder Legislativo.
Lo que sucedería, entonces, es que un acto administrativo, expedido por el presidente del Senado, desvirtuaría el deber que tiene el poder público de satisfacer una pretensión legítima, resultante del derecho político reconocido por acuerdo y sentencia del Tribunal Superior de Justicia Electoral: ser llamado a prestar juramento e integrar la Cámara de Senadores por el periodo para el que fue elegido.
Una vez más, la razón que legitimaría estos atropellos a derechos políticos consagrados por la Constitución -así como a la voluntad popular- reside en la interpretación abusiva y selectiva que el establishment político viene haciendo en las últimas décadas sobre la institución de la senaduría vitalicia.
Para comprender esto es necesario recordar que no hay ningún argumento constitucional que pueda habilitar a Lugo a ocupar una banca y, al mismo tiempo, inhabilitar a Cartes y Nicanor: los tres son exmandatarios. Sin embargo, el congreso estatuyó una norma fáctica, que no está presente en la letra constitucional, según la cual se considera que un expresidente solo puede conservar sus derechos políticos si es destituido por medio de un juicio político.
Esta es una interpretación delirante de la Constitución porque consagra, indirectamente, el mal desempeño de las funciones presidenciales como la única vía para no morir políticamente y conservar derechos. Sobre la base de este argumento se decidió hace ya más de dos años atropellar los derechos políticos de los expresidentes Nicanor Duarte Frutos y Horacio Cartes, impidiéndoles jurar para integrar el congreso con personas sin ninguna certificación reconocida.
Frente a este escenario de pura ilegalidad y desprecio a la decisión del pueblo -que había votado masivamente por HC y Nicanor, ambos cabeza de lista en las internas de 2017 (y esto debe ser aclarado porque ellos fueron votados y no se inmiscuyeron en listas sábanas)- Mirtha Gusinky no tuvo ningún reparo en asumir una banca que no le correspondía, puesto que ella no había sido elegida ni proclamada. Si en 2018 esta «senadora» aceptó el atropello, volviéndose cómplice del ataque la soberanía de los paraguayos y los paraguayas y usurpó una banca, ¿por qué sorprende que en 2021 utilice su influencia para usurpar una vacuna que le correspondía a un ciudadano común?
La usurpación de vacunas destinadas a un rango etario de mayor riesgo es un hecho grave que debe ser castigado con todo el peso de la ley. Sin embargo, el verdadero motivo por el que Gusinky debe irse del congreso es uno más grave: usurpar las funciones que corresponde a un senador electo y proclamado por todas las instancias competentes, atentando así contra la voluntad popular y el Estado de derecho.
