La oposición, especialmente cierto sector del liberalismo, se rasga las vestiduras pidiendo la fiscalización de las binacionales por parte de la Contraloría, olvidando que cuando fueron gobierno nunca lo permitieron.
El remanido discurso de la oposición, empleado efectivamente sólo cuando no están en el gobierno, de pretender que la Contraloría General de la República audite a las binacionales es un simple artilugio de tiempo electoral, mezcla de oportunismo y ansias de figuración.
En algunos casos se podría creer que es ignorancia de la complejidad de los instrumentos jurídicos que dieron nacimiento a ambas binacionales, pero lo que abunda es la mala fe, en el sentido de cargar sobre las espaldas del Gobierno responsabilidades que la propia oposición sabe que son imposibles, y que pueden llevar a un caos jurídico de consecuencias imprevisibles.
Así, el pedido en cuestión no se puede entender de otra manera, sino como una artera maniobra política, teniendo en cuenta que la oposición ya estuvo en el gobierno durante los años 2008-2013, y nada de lo que hoy reclama puso en práctica.
Cuando los liberales llegaron a la Itaipú, de la mano de Lugo y Franco, nunca permitieron que la Contraloría General de la República ingrese a auditar los gastos socio-ambientales, ni de ningún otro tipo, de Itaipú y Yacyretá. Es más tampoco cuestionaron la existencia ni el uso de esos recursos.
Varios fueron los titulares de dichas entidades durante los gobiernos de Fernando Lugo y Federico Franco, sin embargo, tampoco nunca solicitaron la incorporación de esos gastos al Presupuesto General de Gastos de la Nación, pero si lograron un récord, el de la cantidad de funcionarios ingresados de manera discrecional.
No sólo no permitieron que la Contraloría audite, ni mucho menos incorporaron los recursos de las binacionales al PGN, sino que hasta llegaron a utilizar esos recursos con fines políticos y hasta proselitistas.
En abril de 2013, por ejemplo, el entonces candidato presidencial, Efraín Alegre, hizo pagar a la Entidad Binacional vuelos para desplazarse a actos proselitistas al interior del país.
El hecho fue publicado por el diario abc color en su edición del 6 de abril de 2013 bajo el título: “Entidad Yacyretá pagó vuelo proselitista de Efraín Alegre”.
Así las cosas, queda en evidencia que degradar los tratados internacionales que sirven de base las binacionales es un repetido recurso opositor, que cuando ocupa el gobierno desaparece.
Y desaparece, entre otras cosas, porque existen sendas resoluciones judiciales que reconocen la naturaleza jurídica binacional de las hidroeléctricas, y que su gobierno, en tanto y cuanto su administración y fiscalización, está regulado en los propios instrumentos que le dieron personería jurídica. Por ende, constituyen un patrimonio independiente al de los Estados que le dieron nacimiento.
