Los acusados por el gobierno del país del Norte adquirían celulares de alta gama y los ingresaban luego al Paraguay, con mismo volumen y peso, pero con una carga imponible “notoriamente menor”, dijo el ministro Anticorrupción.
Los ciudadanos paraguayos (naturales o naturalizados) Kassem Mohamad Hijazi, Khalil Ahmad Hijazi y Liz Paola Doldan González y las cinco empresas, acusados por Estados Unidos por su supuesta participación en hechos de corrupción en nuestro país, habrían contrabandeado hasta 570 millones de dólares, declaró este miércoles el ministro de la Secretaría Anticorrupción, René Fernández.
“Se hablaba de montos de más de 500 millones de dólares en contrabando, entre el 2014 y 2019. Específicamente 570 millones de dólares”, manifestó el ministro René Fernández a radio ABC Cardinal.
“Lo que se detectó, haciendo un trabajo en conjunto con la aduana norteamericana, es que eran realizadas importaciones desde Miami, principalmente, en Estados Unidos, con destino a Paraguay, de aparatos celulares de alta gama, por eso es también los montos muy altos”, explicó el alto funcionario.
El operativo se realizaba, añadió, “con un entramado, muchas veces, de empresas de maletín o de pantalla, pero que, por los elementos comunes que pudieron ser identificados, como los representantes legales, los domicilios, las personas que integraban los cuadros societarios, se concluyó que se trataba de un mismo grupo económico”.
“Ahora, ¿cómo se ingresaba en el país esa mercadería? Declarando mercaderías con idéntico volumen y peso, pero con un monto imponible notoriamente menor”, puntualizó Fernández.
Este martes, la Embajada de los Estados Unidos en Asunción emitió un comunicado en el que expresaba que: “Estados Unidos está comprometido a apoyar los esfuerzos de Paraguay para combatir la corrupción y promover la rendición de cuentas de quienes socavan las instituciones gubernamentales. La corrupción degrada el estado de derecho, debilita las economías y sofoca el crecimiento económico, socava las instituciones democráticas, perpetúa los conflictos, priva a civiles inocentes de los derechos humanos fundamentales y está intrínsecamente vinculada al lavado de dinero y la falta de transparencia financiera”.
