Con 42 votos en contra, 31 votos a favor y siete ausentes, la Cámara de Diputados rechazó el pedido de intervención de la Gobernación del departamento Central, administrada por Hugo Javier González.
El presidente de la comisión especial conformada a los efectos de analizar el pedido de intervención, diputado Ángel Paniagua (ANR-Central), explicó que se procedió a la verificación in situ de las obras que fueron denunciadas por supuestas irregularidades y afirmó que las mismas sí existen, ya que habían sido calificadas de “fantasmas” en el seno de la Junta Departamental del undécimo departamento.
Reiteró que la imputación presentada por el Ministerio Público, contra el gobernador Hugo Javier González, por los presuntos delitos de lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal, deberá ser resuelta en los organismos competentes.
Seguidamente, el diputado Derlis Maidana (ANR-Misiones), integrante del estamento especial y titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja, afirmó, en el mismo sentido, que las obras denunciadas sí existen.
Acotó que no hubo doble pago por esas obras y que dicha situación no fue informada por la Contraloría General de la República, en todo caso.
El legislador Basilio Núñez (ANR-Presidente Hayes), a su turno, sostuvo que el pedido de intervención de la Gobernación de Central, más bien, constituye una persecución política.
Por otro lado, los diputados Edgar Acosta (PLRA-Central); Rocío Vallejo (PPQ-Central); Sebastián García (PPQ-Capital); Rodrigo Blanco (PLRA-Central); Kattya González (PEN-Central), entre otros, coincidieron en que existen importantes inconsistencias e irregularidades en la administración de los recursos públicos.
Señalaron que estos hechos fueron confirmados por la Contraloría General de la República y la Auditoría General del Poder Ejecutivo, al tiempo de recordar el acta de imputación por parte del Ministerio Público, al gobernador González.
Tras el intercambio de opiniones, el plenario de la Cámara Baja, finalmente, optó por rechazar el pedido de intervención y dicho documento fue remitido al archivo.
