Estados Unidos solicitó a Honduras la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), por vinculaciones con el narcotráfico. Hernández había sido incluido en el listado de personas señaladas de corrupción por el Gobierno de Biden.
La residencia de Hernández, que entregó el poder el 27 de enero a Xiomara Castro, amaneció este martes rodeada de un fuerte contingente policial instalado desde el lunes, cuando trascendió el pedido de su extradición.
El abogado de Hernández, Hermes Ramírez, denunció en el noticiero local TN5 que su representado estaba siendo objeto de «atropellos» al ser rodeada su vivienda por el cordón policial, impidiendo el acceso de sus asesores.
Decenas de personas llegaron con pancartas para celebrar frente su residencia. En tanto, en otras ciudades del país, hubo gente que salió a las calles con altoparlantes que emitían a todo volumen con una pegajosa canción que versaba «Juancho va para Nueva York», según videos que circularon en redes sociales.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras designará este martes al juez que deberá resolver la solicitud de extradición, consignó la agencia de noticias AFP.
A esos efectos, la presidencia de la CSJ «convoca de manera urgente a los honorables magistrados a sesión del pleno» a las 9.30 locales.
El pasado 7 de febrero el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, había afirmado que Hernández fue incluido el 1 de julio de 2021 en el listado de personas señaladas de corrupción o de socavar la democracia en El Salvador, Guatemala y Honduras.
«Estados Unidos está promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas en Centroamérica al hacer públicas las restricciones de visa contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, debido a actos corruptos», detalló Blinken. «Nadie está por encima de la ley», subrayó.
Hernández ha sido implicado por fiscales de Nueva York en vínculos con el narcotráfico.
Según informa la agencia Télam, su hermano, el exdiputado «Tony» Hernández, fue condenado en marzo de 2021 a cadena perpetua en Estados Unidos por ese mismo delito.
En un comunicado, Blinken dijo que «según múltiples informes creíbles de los medios», Hernández «se ha involucrado en corrupción significativa al cometer o facilitar actos de corrupción y narcotráfico, y al utilizar las ganancias de actividades ilícitas para campañas políticas».
Hernández niega todos los cargos y asegura que las acusaciones son una venganza impulsada por los mismos capos de la droga que su Gobierno capturó o extraditó a Estados Unidos.
Tras entregar el poder a Xiomara Castro, primera mujer presidenta de Honduras, Hernández fue juramentado como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), un beneficio al que acceden todos los expresidentes de la región al dejar el cargo, lo que le concede derecho a inmunidad y antejuicio.
Hernández «goza de la protección como diputado del Parlamento Centroamericano», dijo su abogado.
Poco antes de dejar el cargo, JOH, como se le conoce por sus iniciales, viajó sorpresivamente a Nicaragua para firmar un tratado de límites marítimos con el gobernante Daniel Ortega, situación que despertó suspicacias sobre la posibilidad de usar ese territorio para escapar de la justicia.
«Hernández ha tenido reuniones con Ortega, y Ortega ya les dio refugio a dos expresidentes de El Salvador, y Nicaragua no tiene tratado de extradición con los Estados Unidos (…) Estando en Nicaragua, la justicia norteamericana no va a poder agarrarlo», dijo a la CNN Mike Vigil, exdirector de Operaciones Internacionales de la agencia antidrogas estadounidense (DEA).
Foto: Télam.
