El inicio del año lectivo ha desnudado, una vez más, la profunda obsolescencia de nuestro sistema de transporte público, que continúa sometiendo a la ciudadanía, y en particular a la clase trabajadora, a vejámenes sin cuento.
Mientras las autoridades del Viceministerio de Transporte se encargan de negarlo, los pasajeros denuncian la vigencia de injustos esquemas de regulación por parte de los empresarios del sector.
En este sentido, resulta lamentable que, a esta altura del siglo XXI, sigan existiendo usuarios que deban levantarse a las tres de la madrugada para poder alcanzar un colectivo que los deje a hora en sus respectivos lugares de trabajo. En algunos casos, la espera se prolonga 30, 40 minutos, incluso más de una hora.
Y del estado de las unidades de transporte, ni hablar. El ciudadano tiene que lidiar con ómnibus completamente destartalados, con 30 años de antigüedad, sin el mantenimiento adecuado, con pisos de madera y puertas que, a veces, ni siquiera se abren como corresponde.
Otro tanto sucede con las condiciones de viaje, todos apiñados, con choferes mal pagados que, ante el cansancio o el exceso de calor, terminan parando donde se les antoja. En muchos casos, subir o bajar del colectivo se parece más a una labor acrobática que al normal ejercicio de ascender y descender de un vehículo que debe detenerse el tiempo necesario para que el pasajero pueda movilizarse con un mínimo de decencia.
Se da el caso, igualmente, de que, en un país donde el calor sofocante es prácticamente la norma, hay muy pocas líneas que cuentan con unidades dotadas de aire acondicionado. Y de estas, al mismo tiempo, son escasísimas las que sostienen sus instalaciones con el debido mantenimiento, con lo cual el mentado “servicio diferencial” sólo lo es realmente en el costo del pasaje, pero no en la calidad del servicio.
Todo esto denota que el transporte de pasajeros no constituye de ninguna manera una política pública, sobre todo en lo que respecta al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). Nadie le ha prestado, hasta ahora, una atención preferencial al tema. Como en tantas otras cuestiones, nadamos en el mar de la improvisación.
Esta situación debe ser revertida cuanto antes, partiendo de estudios serios sobre el estado del transporte público en el país, sobre todo en ámbitos urbanos, y abocarse a una profunda transformación del sistema que garantice efectividad y calidad a los usuarios del servicio que son, precisamente, los sectores menos favorecidos de una sociedad de por sí injusta e inequitativa.
Y en este aspecto, es preciso trabajar conjuntamente con empresarios, representantes del sector público, de los sindicatos de transportistas y, desde luego, con los propios transportados; de lo contrario no habrá cambios reales, aceptables ni duraderos.
No está en nuestras manos plantear recetas de solución, esas deben buscarlas mancomunadamente los sectores involucrados. No obstante, es obligación central del gobierno velar por la solución de los problemas más urgentes y acuciantes para la ciudadanía. Hacia esto debe apuntar, de manera inaplazable e irremplazable, la labor reguladora de los representantes de esta asociación de ciudadanos que constituye el Estado paraguayo.
