Los diputados Basilio “Bachi” Núñez, por un lado, y José Rodríguez, por el otro, presentaron unos proyectos de ley que pretenden racionalizar el gasto en lo que refiere a combustibles en el ámbito estatal, a fin de optimizar la utilización de los fondos públicos.
Por un lado, el legislador Núñez impulsa el proyecto de ley “Que modifica el artículo 233 de la Ley N° 6.873/2022, Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2022”.
“Hoy dimos entrada al proyecto de ley para racionalizar el gasto público referido a uso de combustibles en la Cámara de Diputados, el gobierno central y las entidades con participación mayoritaria del Estado”, comentó.
La iniciativa pretende prohibir a los ordenadores de gasto de los organismos y entidades del Estado, así como a las sociedades anónimas con participación accionaria mayoritaria del mismo, la asignación, descuento, exoneración y entrega de combustible, o cupos de combustible, a las máximas autoridades y a los miembros de los órganos colegiados, en todas sus modalidades y cualquiera sea su denominación.
El texto contempla la provisión de combustible a los funcionarios para el desplazamiento derivado exclusivamente de su función; y el establecimiento de los montos de recursos asignados en concepto de cupos de combustibles, cualquiera sea su denominación, en su totalidad, a los consejos regionales y locales de salud, para uso en ambulancias, y a los cuerpos de Bomberos Voluntarios, para los vehículos hidrantes.
Otro proyecto similar
En la misma línea, el legislador Rodríguez impulsa la iniciativa “Que prohíbe la asignación, descuento, exoneración y entrega de combustible, tarjetas personales o de cupos de combustibles a las autoridades y funcionarios de los tres poderes del Estado; empresas públicas y de economía mixta; sociedades anónimas con participación accionaria mayoritaria del Estado, las gobernaciones y las municipalidades”.
Al decir del congresista, la intención es lograr medidas de racionalización orientadas a lograr una mayor eficacia en la utilización de los recursos públicos; específicamente, en lo que refiere al gasto en materia de combustible y su uso indiscriminado por parte de las autoridades de los tres poderes del Estado y demás instituciones señaladas.
Aclaró que esto no debe conllevar que las mismas dejen de realizar las labores misionales para las cuales fueron creadas.
Ambos documentos serán remitidos a las comisiones asesoras para el correspondiente análisis.
