El Poder Ejecutivo vetó parcialmente el proyecto de ley que permite a los funcionarios rectificar sus declaraciones juradas de bienes e ingresos, y eliminaba el rol de la Contraloría de denunciar ante el Ministerio Público los casos imputables.
El único artículo vetado es el 14, que originalmente establece el deber de la Contraloría de denunciar en caso de que las rectificaciones en las DDJJ sean imputables.
La modificación sancionada por el Congreso, el 12 de mayo, elimina esta disposición, por lo que el Ejecutivo recurrió al veto atendiendo a que el de la Contraloría de denunciar en casos imputables es el fundamento de la Ley 5.033/13, señaló el jefe de Gabinete de la Presidencia, Hernan Hutteman.
El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, manifestó que la declaración obligatoria de bienes y rentas es una de las herramientas para la transparencia gubernamental y la lucha contra la corrupción. El mandatario comunico en un mensaje en redes sociales su decisión no promulgar el proyecto.
Modificación a Ley 5.033/13
La Ley 5.033/13 establece la obligatoriedad de los funcionarios de públicos de presentar sus declaraciones juradas de bienes e ingresos ante la Contraloría Pública. Las modificaciones del Congreso establecen que los funcionarios podrán rectificar sus declaraciones cuantas veces sean necesarias, en casos de errores u omisiones.
Sin embargo, elimina el deber de denuncia de la Contraloría de denunciar ante el Ministerio Público en el caso que estas rectificaciones son imputables, por lo que el Ejecutivo veta este artículo
“El resto de las modificaciones a la Ley 5.033/13 no merecen objeción del Ejecutivo”, dijo Hutteman en conferencia de prensa este viernes.
Con el veto parcial, el proyecto de ley retoma a la Cámara de Diputados, donde fue presentado inicialmente. En su tratamiento en el Senado se modificó el punto actualmente vetado; aunque en su posterior tratamiento, la Cámara Baja se ratificó en su versión y el Senado no obtuvo los votos necesarios para revertir la sanción.
