Una vez aprobado en general el proyecto, el cartismo pidió que el protocolo recién entre en vigencia dentro de un año, lo cual no prosperó. Ahora está en manos del presidente de la República la promulgación.
Tras un extenso debate, el pleno de la Cámara de Diputados, sancionó el proyecto de ley “Que aprueba el protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco”.
Cabe señalar que el protocolo en cuestión fue remitido por el Poder Ejecutivo y se enmarca en el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS), para el control del tabaco, adoptado en 2003 y aprobado por nuestro país en el año 2006.
Fue adoptado en Seúl, Corea, el 12 de noviembre de 2012, en el entendimiento de que el contrabando de cigarrillos es igual a crimen organizado; catalogado como delito económico, pero también como crimen; y que el capital del lavado sirve para financiar otros delitos internacionales.
En uso de la palabra, el diputado Jorge Ávalos Mariño titular de la Comisión de Legislación y Codificación, al tiempo de pedir el acompañamiento del pleno para la aprobación del documento, dijo que el protocolo es complementario del Convenio de Ginebra, que aprueba el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud, del cual nuestro país ya es signatario.
“El Convenio de Ginebra tiene por objetivo proteger a las generaciones presentes y futuras contra las consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y económicas del consumo del tabaco, por lo que este protocolo estaría complementando el convenio, en el sentido de establecer una trazabilidad de lo que es la producción y comercio del tabaco, aportando transparencia”, dijo el legislador Avalos Mariño.
Recalcó que el principal propósito es eliminar toda forma de comercio ilícito del producto del tabaco, estableciendo infracciones que abordan las responsabilidades y pagos relacionados a las incautaciones, así como la eliminación de los productos confiscados.
“La aplicación del Protocolo requerirá una estrecha cooperación entre las partes y las organizaciones internacionales con experiencias en las áreas relacionadas (incluyendo Aduanas y Delincuencia Internacional) y, a nivel nacional, entre los diversos sectores gubernamentales”, esbozó.
En el mismo sentido, abogando por el visto bueno de la propuesta de ley, la parlamentaria Kattya González subrayó que dicho convenio marco permitirá establecer la prohibición de la publicidad, establecer espacios libre de humo, advertencias sanitarias, y el combate del comercio ilícito.
“Este protocolo lo que hace es intentar fortalecer el punto 4 del convenio que ya fue aprobado en el 2006 en el Paraguay. El combate al comercio ilícito consiste en una cuestión de salud pública, una perversión del sistema tributario, un producto fuera del sistema del control”, esgrimió.
En ese contexto dijo que el protocolo estará permitiendo que el Estado recupere el control de un sector que le tiene sometido hace mucho tiempo.
Por su parte el congresista Justo Zacarías Irún, titular de la Comisión de Asuntos Económicos y Financieros, dijo estar a favor del documento, pero propuso una modificación, consistente en un artículo adicional, en donde se especifique que la ratificación sea comunicada en el plazo de un año condicionado a que los medios tecnológicos y presupuestarios estén vigentes para ponerlo en práctica.
Esta propuesta, sin embargo, no prosperó. 40 legisladores votaron por el rechazo de esta modificación; 37 lo hicieron en sentido contrario; y se registraron 3 ausencias.
Los legisladores Hugo Ramírez y Edgar Acosta, entre otros, se opusieron al sostener que un protocolo internacional, donde están adheridos muchos países, no puede ser modificado de manera unilateral, además de que se estaría violentando un sistema constitucional.
En el debate varios diputados estuvieron de acuerdo que con dicho protocolo se estará transparentando las finanzas dentro del Estado paraguayo.
El documento fue sancionado y pasa al Poder Ejecutivo para su posterior promulgación o veto.
