Crece la preocupación en filas del cartismo por las últimas designaciones que realizó el Poder Ejecutivo. Los cambios en áreas estratégicas para la lucha contra el lavado son vistos con gran alarma por los voceros del grupo Cartes.
El principal temor es que se consolide el fin de los privilegios para las empresas del expresidente, fuertemente devaluadas y desprestigiadas a nivel nacional e internacional. Genera inquietud el bloqueo que se impuso a la utilización del sistema financiero y sus instituciones de control como si fueran simples instrumentos de blanqueo a innumerables delitos financieros.
Este es el contexto en el que hay que leer las afirmaciones del precandidato Santiago Peña, quien planteó que existiría un “conflicto de intereses”, por el hecho de que una funcionaria que trabajaba en Hacienda vaya al BCP. Estas declaraciones rozan el disparate, más aun cuando vienen de una persona que se jacta de sus saberes técnicos.
La crítica llega al absurdo de buscar equiparar los vínculos económicos, políticos o profesionales que pueden existir entre los sectores público y privado, con la situación de una persona que trabajó previamente en otro organismo del Estado y es reasignada en otra institución estatal. Tal vez en una próxima entrega de su analfabetismo jurídico, el cartismo sostenga que los candidatos a jueces no deberían haber sido anteriormente fiscales, porque el trabajo previo de investigación contaminaría la obligación de juzgar.
Por otra parte, pareciera que el criterio con el que el cartismo entiende la idea de conflicto de intereses, aunque absurdo, no opera en el sentido inverso. Por eso no les parece llamativo el caso de Santiago Peña, quien pasó directamente de ser director del BCP a ocupar el cargo de ministro de Hacienda, mediando raudo bautizo de afiliación en la ANR para convalidar su condición de «colorado». Lo mismo ocurriría con el expresidente del BCP, Carlos Fernández Valdovinos, que es anunciado como supuesto futuro ministro de Hacienda de Santiago Peña, mientras esperan juntos su vuelta al poder en las oficinas del banco BASA.
“Conflicto de intereses” había en el gobierno de Cartes, donde la política monetaria y la política fiscal eran manejadas bajo un único objetivo: la expansión de las empresas del expresidente. Con ese fin, el Grupo Cartes utilizó información privilegiada para realizar grandes negociados, al tiempo que destruyó toda institucionalidad de los mecanismos de control y prevención de delitos financieros.
A tal efecto trabajaban coordinadamente el exencargado de la política monetaria, Fernández Valdovinos, y el exencargado de la política fiscal, Santiago Peña, ambos hoy secretarios a sueldo del expresidente Cartes. Junto con otros burócratas y gerentes de fronteras, se arrogaban funciones ejecutivas sin respaldo legal, dirigían ministerios y entes del Estado, en lo que fue uno de los capítulos más negros de caos institucional, latrocinio y despojo de lo público en nuestra historia.
El uso del BNF como la lavandería de Messer, las adjudicaciones de rutas y peajes a constructoras luego compradas por el Grupo Cartes, el uso de la política y las Fuerzas Armadas como logística del contrabando internacional de cigarillos, los sobresueldos a legisladores, son solo algunos de los tantos hechos protagonizados por quienes hoy, sin un ápice ni vergüenza, se atreven todavía a hablar institucionalidad.
Foto de portada: Basanomics
