El Poder Ejecutivo promulgó la nueva Ley de Suministro y Contrataciones Públicas, que incorpora una serie de modificaciones luego de casi 20 años y con ello se cambia el paradigma de contratación con el Estado, por iniciativa del Gobierno Nacional.
Luego de promulgar la nueva normativa de contrataciones públicas, el presidente de la República expresó su agradecimiento por el acompañamiento a esta iniciativa del Ejecutivo. “Agradezco al Congreso por su gestión para lograr esta importante reforma”, escribió Abdo en su cuenta de Twitter.
El anuncio fue oficializado este viernes durante una conferencia de prensa que tuvo lugar en Mburuvicha Róga. Allí, el asesor jurídico de la Presidencia de la República, Carlos César Trapani, informó que el mandatario promulgó la normativa que establece una serie de nuevas reglas para contratar con el Estado paraguayo.
“Ha sido un desafío importante dentro de la agenda legislativa del Poder Ejecutivo que viene llevando adelante una serie de reformas para mejorar el funcionamiento de la administración pública”, subrayó Trapani.
A su vez, el ministro de Hacienda, Oscar Llamosas, explicó que el proyecto de ley fue presentado en el 2020 ante el Congreso y tras un largo debate finalmente fue promulgada en la fecha. “Hoy podemos decir que tenemos una nueva ley que reemplaza a la anterior y sobre la cual tenemos muchas expectativas respecto a los beneficios que se pueden tener ”, exteriorizó.
Incorporaciones de la nueva ley
Por su parte, la ministra de la Secretaría Técnica de Planificación (STP) Viviana Casco, aseguró que se trata de una de las disposiciones más importantes en materia económica.
Citó que dentro de las innovaciones principales figuran que; el Estado contratará bienes y servicios de mayor calidad.
Asimismo personas inhabilitadas no podrán crear empresas de maletín para seguir proveyendo al Estado. Otro punto a resaltar es que, las Mipymes tendrán preferencias en las compras públicas, como mínimo en un 20 por ciento. “Sabemos que es un sector muy importante que emplea a casi el 90 por ciento de la mano de obra del país”, agregó.
Así también, la ciudadanía tendrá acceso a toda la información del proceso de compras, en formato de datos abiertos, a través de la plataforma electrónica habilitada por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
Igualmente con esta renovada herramienta, se fortalecerá la economía con la compra a grupos de interés vulnerables o de población específica, como los pueblos originarios. Además, las autoridades de alta conducción política ni sus familiares podrán ser proveedores del Estado.
Se da un salto cualitativo importantísimo en el área administrativa
En esa misma línea, el titular de la DNCP, Pablo Seitz, dijo que hoy es un día extremadamente relevante para el ámbito de las compras públicas en el país. “Se da un salto cualitativo importantísimo en el área administrativa”, afirmó.
Enfatizó que con esta ley de cadena de suministro de compras públicas se reemplaza en un 100 por ciento a la normativa anterior y permitirá entre otras cosas, protagonizar una compra eficiente y “evitar una guerra de papeles”.
“Desde el punto de vista regulatorio, sancionatorio y operativo, la nueva ley tiene mejoras muy relevantes en materia de claridad, sobre quienes no pueden proveer al Estado. En materia de aplicación de sanciones y cómo estas se contagian a través de elementos comunes en las empresas y así, se evita que las proveedoras del Estado puedan burlar sanciones a través de empresas vinculadas”, detalló.
Debemos mostrar los resultados en la eficiencia del gasto público
En ese contexto, Seitz admitió que se trata de un enorme desafío que formará parte de una de las patas fundamentales de reforma administrativa y del ámbito de la reforma de contrataciones públicas, que además se complementa con otras disposiciones vigentes en la actualidad.
“A partir de ahora queda trabajar mucho en la implementación de la misma, tanto para su promulgación que abarca unos 120 días y después ya entramos en la fase operativa que conlleva mucha necesidad de capacitación en el sector público e información en el sector privado y de por supuesto, poder medir y mostrar los resultados en la eficiencia del gasto público”, alegó finalmente.
