Varias autoridades se reunieron con representantes de la Embajada de los Estados Unidos para tratar el tema de las sanciones económicas dispuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a Horacio Cartes y Hugo Velázquez.
El Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, Componentes del Sistema Anti Lavado de Activos (ALA), Contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT) y Contra el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva de la República del Paraguay (CFP), fue creado con el objetivo de fortalecer el ejercicio de las mejores prácticas internacionales en la materia y velar por la efectividad de las mismas.
Trabaja especialmente en lo relacionado al ámbito de sus respectivas competencias y está conformado por: el superintendente de Bancos (SIB); el superintendente de Seguros (SIS); el presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV); el presidente de la Comisión Nacional de Cooperativismo (Incoop) y el director general de Supervisión y Regulaciones de la Seprelad.
En ese sentido, estuvieron presentes las autoridades de dichas instituciones, Hernán Colmán, Raúl Alderete, Joshua Abreu, María Galvan y Pedro Loblein, respectivamente.
Asimismo, participaron el ministro jefe del Gabinete Civil, Hernán Hutteman y el asesor jurídico de la Presidencia de la República, Carlos César Trapani, informaron desde la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
Así también asistieron a la reunión por la Seprelad el director general de Supervisión y Regulaciones, Juan Francisco Fernández; el director general de Análisis Financiero y Estratégico, Guillermo Preda, el director general de Relaciones Públicas e Internacionales, José Armoa, técnicos del Tribunal Superior de Justicia Electoral y la Corte Suprema de Justicia.
Entre las funciones del Consejo, se encuentran las de “Diseñar estrategias interinstitucionales para el desarrollo, la implementación y el seguimiento de la efectiva supervisión ALA/CFT basada en la evaluación de riesgos, para asignar recursos e implementar medidas para prevenir y mitigar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo”.
