El Gobernador de Villa Hayes, Nicolás de Jesús Cartamán Torres, enfrenta serias acusaciones después de que el Fiscal Alexis Takahashi presentara una imputación en su contra por retirar un cañón de guerra de la explanada de la costanera de Villa Hayes y cortarlo, presumiblemente en busca de oro.
De acuerdo con los antecedentes del caso, el incidente tuvo lugar el 02 de junio de este año. En ese momento, Cartamán Torres y otros individuos supuestamente ordenaron el retiro de un cañón de guerra que se encontraba en la explanada de la costanera de la ciudad de Villa Hayes. El objetivo aparente era trasladar el cañón al interior de la gobernación. Sin embargo, en el proceso de manipulación del cañón, se habría cortado una parte del mismo, específicamente la recámara y la culata.
El Fiscal Takahashi también solicitó al Juzgado Penal de Garantías que se dictara la prisión preventiva del Gobernador. Esta medida se fundamenta en la consideración de que uno de los hechos punibles podría ser calificado como un crimen, dada la magnitud del daño infligido a un patrimonio cultural histórico, y la posible pena de al menos 10 años de prisión. Además, la condición de autoridad departamental aumenta las preocupaciones sobre el riesgo de obstrucción de la investigación.
La actividad realizada por Nicolás de Jesús Cartamán Torres fue llevada a cabo sin la debida autorización ni notificación a la Secretaría Nacional de Cultura (SNC), lo que agrava aún más su situación legal. El agujero resultante del corte en el cañón no pudo ser cerrado adecuadamente debido a la dificultad en manejar el hierro. Para disimular el daño, se cubrió el agujero con masilla y se repintó el cañón en su totalidad antes de volver a ser colocado en la explanada de la plaza, donde se encontraba originalmente.
El caso ha generado un debate sobre la importancia de preservar el patrimonio cultural y la responsabilidad de las autoridades en su protección.
