La audiencia de imposición de medidas en el caso del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, fue suspendida este jueves debido a una recusación presentada por su abogado, Guillermo Ferreiro, contra el juez Humberto Otazú.
La defensa argumenta la falta de parcialidad e independencia del magistrado y señala vínculos familiares entre la esposa de Otazú y Rocío Abed de Zacarías, quien está casada con Justo Zacarías Irún, hermano de Javier Zacarías Irún, un enemigo declarado de Prieto.
El caso gira en torno a un supuesto delito de lesión de confianza relacionado con la compra irregular de kits de alimentos. Además de Miguel Prieto, otros involucrados en el caso son Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, director de Administración y Finanzas de la Municipalidad, y otros funcionarios municipales que enfrentan proceso en calidad de coautores.
La recusación presentada por la defensa de Prieto pone de manifiesto las preocupaciones sobre la imparcialidad del juez Otazú debido a los lazos familiares de su esposa con la familia Zacarías Irún.
El caso continuará desarrollándose a medida que se resuelva la recusación presentada contra el juez y se determinen los próximos pasos en el proceso judicial.
