En una sesión que duró unos pocos minutos, la Cámara de Diputados sancionó la ley que crea la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones. En las afueras del Congreso se manifestaron varios sindicatos y anuncian más movilizaciones.
En una sesión extraordinaria que se llevó a cabo en la tarde de hoy miércoles, la Cámara de Diputados aprobó por mayoría el proyecto de ley para la creación de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, incorporando las enmiendas realizadas por el Senado.
Con 42 votos a favor, la propuesta legislativa cartista fue sancionada rápidamente, pasando ahora al Poder Ejecutivo para su consideración final.
La ley, que busca regular la supervisión estatal de las entidades jubilatorias y pensiones en línea con el artículo 95 de la Constitución Nacional, experimentó modificaciones significativas durante su aprobación. Una de las modificaciones más destacadas, realizada en el artículo 27, prohíbe explícitamente al Instituto de Previsión Social (IPS) otorgar préstamos al Estado, entidades descentralizadas o municipios, así como cualquier operación con bonos del Estado.
Asimismo, se ajustó el artículo 31 referente a la responsabilidad, estableciendo que ningún funcionario estará exento de responsabilidad por sus acciones u omisiones en el ejercicio de sus funciones, una medida que apunta a una mayor rendición de cuentas.
Otra modificación relevante refiere al Consejo de Seguridad Social, cuyos integrantes serán designados por el presidente de la República. Este consejo estará conformado por representantes del Banco Central del Paraguay, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, así como un representante cada uno de trabajadores, jubilados y empleadores.
La ley, que según el Gobierno, busca brindar un marco regulatorio robusto para la supervisión de las jubilaciones y pensiones, ha sido objeto de intensos debates y modificaciones, reflejando el compromiso de los legisladores para equilibrar las necesidades de control estatal con la protección de los fondos jubilatorios.
Ahora, la decisión final sobre la promulgación o veto del proyecto recae en el presidente de la República, Santiago Peña.
