El juez penal de Garantías especializado en Crimen Organizado, Gustavo Amarilla, ha decidido conceder libertad ambulatoria al senador Erico Galeano, quien está procesado por lavado de dinero y asociación criminal en el contexto del megaoperativo “A Ultranza”.
La resolución fue dictada este martes, donde el juez Amarilla consideró oportuno levantar la medida de arresto domiciliario que pesaba sobre el senador, ya que la Fiscalía no presentó elementos nuevos que pudieran argumentar riesgo de fuga u obstrucción en la investigación.
El senador Galeano había estado cumpliendo con arresto domiciliario desde el 26 de septiembre pasado. La decisión judicial implica la eliminación de esta medida cautelar, manteniendo otras restricciones impuestas previamente y añadiendo nuevas medidas cautelares reales, como un embargo ejecutivo sobre inmuebles, la prohibición de salida del país con notificación a Migraciones y la Policía Nacional.
Galeano, quien previamente había solicitado ser desaforado en la Cámara de Diputados y perdió sus fueros en el Senado el 20 de julio para someterse a la justicia, ha estado vinculado a una investigación en la que se descubrió que un inmueble de su propiedad fue presuntamente utilizado para simular una compraventa, con fondos provenientes del crimen organizado.
La defensa del legislador, representada por el abogado Álvaro Cáceres, había presentado argumentos para respaldar la solicitud de libertad ambulatoria, mencionando una caución real de G. 9.000 millones como garantía, evidencias de arraigo por su domicilio y responsabilidades familiares en el país.
El abogado Cáceres destacó que la función de un legislador va más allá de las sesiones parlamentarias, incluyendo el deber de atender las necesidades del pueblo y plantear proyectos de ley en base a esas necesidades. Asimismo, mencionó que el arresto domiciliario había obstaculizado proyectos de ley relacionados con la salud que Galeano tenía en el Congreso.
La defensa resaltó modificaciones en la situación procesal, haciendo referencia a testimonios de pilotos que indicaron que la aeronave involucrada ya no pertenecía al senador y que, incluso, había sido transferida a una persona jurídica 13 meses antes de la imputación.
