El fiscal general, Emiliano Rolón, salió al paso de la denuncia que realizó el ministro de Corte, César Garay Zucolillo, en contra del fiscal del caso de la finca 916 en Remansito. Lo considera un “mecanismo de presión” que “daña la institucionalidad”.
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, expresó su preocupación y molestia por lo que considera una actitud inapropiada por parte de un ministro de la Corte Suprema de Justicia, quien supuestamente está presionando a un fiscal para que impute en el caso conocido como Ocupación Vip de Remansito. Esta supuesta injerencia, según Rolón, afecta la institucionalidad del sistema judicial.
En declaraciones a Chaco Boreal 1330 AM, Rolón calificó esta acción como un “mecanismo de presión” por parte del ministro de la Corte, César Garay Zucolillo, que, según él, “daña la institucionalidad”. Expresó su decepción por ver a un ministro de la Corte presentar una denuncia y presionar para enjuiciar a un fiscal.
El Fiscal General defendió el trabajo del fiscal Diego Arzamendia, quien, a pesar de haber pasado cuatro meses desde que salió a la luz el caso, aún no ha realizado una imputación. Rolón argumentó que la imputación debe ser un acto reflexivo y responsable, y que en este caso, la ocupación ocurrió hace 21 años, por lo que considera que debe ser resuelto en el ámbito civil del Poder Judicial.
El caso en cuestión se refiere a la finca 916 en el distrito Chaco, propiedad del Ministerio de Defensa, que fue ocupada por unas 21 familias que construyeron lujosas casas en el lugar. Estas familias fueron demandadas por la Procuraduría General de la República por ingresar ilegalmente al sitio.
Rolón enfatizó que los conflictos civiles posesorios, como este, se deben resolver en el Poder Judicial, y que la presión ejercida sobre los fiscales para que imputen no es adecuada, especialmente cuando proviene de un ministro de la Corte.
