La jefa de Gabinete de la Presidencia, Lea Giménez, detalló el proyecto de ley “Hambre Cero en las escuelas” a la Comisión Permanente del Congreso. Indicó que la iniciativa requerirá una implementación gradual hasta llegar a 1,3 millones de niños y niñas.
En la oportunidad, Giménez ratificó que el Gobierno busca asegurar que cada plato de comida (almuerzo escolar) sea bien nutritivo y llegue en condiciones de salubridad, en tiempo y forma, a cada niño y niña del país.
Explicó que cuando se alcance la universalización de la implementación del proyecto, que se estima sería en un plazo de un año a partir de su implementación, se prevé llegar a 1,3 millones de niños de todo el Paraguay, para lo cual será necesario una inversión de 300 millones de dólares.
En más de dos horas de presentación y debate sobre el proyecto, impulsado por el Poder Ejecutivo, Giménez explicó minuciosamente a los parlamentarios el origen de los fondos a ser destinados al almuerzo escolar. El proyecto impulsado por el Gobierno se financiará con recursos del Tesoro (Fuente 10) del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y con recursos del Fonacide, que pasará a llamarse FONAE.
El 80% de los recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) se irá para FONAE y el 20% a las municipalidades para realizar inversiones en infraestructura en educación, como se viene aplicando conforme a la ley vigente. Este 20% representa el 100% de lo que ya reciben actualmente del Fonacide, explicó.
La administración del proyecto «Hambre Cero en las escuelas» estará a cargo del Ministerio de Desarrollo Social y las Gobernaciones; mientras que controlarán su implementación el Consejo Nacional para la Alimentación Escolar (CONAE), la Contraloría General del República, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y el control ciudadano.
La jefa de Gabinete explicó que con el plan actual del Gobierno es rediseñar el modelo de gestión, que se venía aplicando con respecto a la alimentación de los niños, para garantizar que cada plato de comida llegue a cada niño y niña, y con un mayor y mejor control de los recursos destinados para tal concepto.
“Se venía con diversos programas de alimentación y merienda escolar, pero nunca se contó con los recursos suficientes para alcanzar de cobertura universal y, con equidad, en todo el territorio nacional, además de que los recursos con los que sí se contaban no eran ejecutados con la eficiencia y la transparencia necesaria para asegurar la entrega de este bien, tan importante, para nuestros niños y niñas”, refirió Giménez.
Giménez explicó a los parlamentarios que esta cantidad de recursos no se requerirá de manera inmediata, sino es un proceso gradual de implementación. Aseguró también que la provisión de los alimentos para los niños continuará en paralelo a la aplicación gradual de este proyecto.
Enfatizó que el Gobierno apunta a resolver las falencias que fueron halladas por el camino revisión minuciosa del desempleo de los programas en estos 11 años. “Tenemos que resolver la cuestión principal que es la vulnerabilidad de los niños en cuanto a la alimentación”.
Las cifras presentadas al Congreso muestran que el 25% de los niños tienen una malnutrición moderada; el 20% de los niños indígenas con malnutrición crónica.
“Las reglas de juego van a ser claras”
Giménez insistió que la implementación de este programa debe ser controlado por todos los actores, tanto del sector público como privado, dado que demanda muchos recursos del Estado para niños.
Igualmente, garantizó que los recursos de los programas sociales como el Arancel Cero y del sector de la investigación y ciencia están garantizados por la propia ley del Fonacide.
Con respecto a la creación de CONAE explicó que es para dar una coordinación a los tres niveles de gobierno, central, departamental y municipal con el involucramiento de la Contraloría General de la República (CGR) para una mejor control; así como la auditorías concurrentes. Es un sistema que se va a implementar, por primera vez, desde la CGR, pero es una herramienta con que cuentan para hacer controles de manera aleatoria.
“Las reglas del juego van a ser claras y ese seguimiento externo e independiente lo va a dar la CGR desde el inicio del proceso, lo que va a permitir tener alertas tempranas cuando las cosas no están yendo bien y poder hacer cambios oportunos”, expresó.
Se trabajará con la Dirección Nacional de Contrataciones Pública (DNCP) para tener un seguimiento de cerca de los procesos de licitación, desde la elaboración del pliego de bases y condiciones de los llamados. Habrá un control ciudadano, a través de herramientas tecnológicas que van a permitir conectarse directamente con el CONAE, la Contraloría o con la DNCP, dependiendo de a dónde se quiere dirigir la denuncia en caso de que haya alguna evidencia de malversación de fondos o no llegue el almuerzo escolar a los niños.
Con respecto a los criterios que se utilizará para asegurar la cobertura universal se recurrirá a criterios de focalización como el RUE, información del Instituto Nacional de Estadística (INE), y también el Sistema de Información Social. Todos estos datos van a estar vinculados para tener una buena trazabilidad de los servicios y bienes que el Estado presta, asegurando su focalización, refiere Giménez.
