El IPS aclaró que las modificaciones legales y administrativas que se plantean en la previsional apuntan a garantizar los aportes de los trabajadores y los haberes que perciben los jubilados.
«Esta situación debe ser corregida en la brevedad posible, pues el modelo de Capitalización Colectiva con Beneficios Definidos y un Fondo de Reserva requiere que se siga ahorrando e incrementando las reservas para hacer frente no solamente a los compromisos presentes sino también a los futuros», dijo la gerente de Prestaciones Económicas del IPS, Vanessa Cubas.
Aclaró que los jubilados no van a ser afectados, y que los que están cobrando van a seguir percibiendo los mismos montos, sin ningún descuento.
Añadió las medidas asumidas buscan proteger los recursos de los jubilados genuinos que han pagado sus aportes, los fondos que se han acumulado durante años y décadas de aporte, «los que deben estar disponibles para cuando los casi 900.000 aportantes actuales deban jubilarse».
Cubas indicó que hoy la previsional se debe a sus más de 79.000 jubilados y a los casi 900.000 activos que aportan a la institución, y que todas las medidas propuestas y asumidas tienen por objetivo proteger el ahorro de esas casi un millón de personas que han puesto sus aportes y ahorro para cuando pasen a la vida laboral pasiva. «Todo lo que hagamos y propongamos debe estar enmarcado en la ley, dijo.
Explicó que una de las medidas asumidas es «volver a la aplicación irrestricta de la ley» respecto a los porcentajes mínimos de jubilación respecto al salario mínimo legal, que en los últimos años ha sido modificado arbitrariamente llegando hasta el 75%. En ese sentido indicó que se revocaron las dos últimas resoluciones, «dejando tal cual como lo dispuso la ley originalmente, el 33% del salario mínimo legal».
Sobre el alcance de esta medida, refirió que con el aumento arbitrario del porcentaje una persona que aportó y de acuerdo a los cálculos debe recibir una jubilación de 500.000 guaraníes hoy se le pagan 2.000.000 de guaraníes, y esa diferencia de 1.500.000 entre lo que debería percibir y lo que percibe es un monto subsidiado por todos los demás aportantes y jubilados del IPS.
Cubas aclaró que “todos las personas que recibieron ese incremento, por una cuestión legal, seguirán cobrando», pero que las que se den con posterioridad al 7 de mayo ya estarán bajo este nuevo régimen”.
Añadió que quienes manifiestan que con estas medidas se sumirá a los jubilados en la miseria, están faltando a la verdad.
“Quiero decirle a los actuales jubilados y pensionados de la institución que esas manifestaciones no son ciertas, que están mintiendo, manipulando la información y mal informando con mala fe a los jubilados, buscando quitar la paz y tranquilidad de la que deben gozar los jubilados y pensionados de la institución y usarlos para fines desconocidos», dijo.
Aclaró que justamente por decisiones que tomaron personas que estuvieron en niveles de alta gerencia de la previsional en los últimos siete años, que afectaron gravemente el equilibrio de ingresos y egresos de la previsional, es que se han tenido que tomar las medidas que «implican necesariamente incrementar ingresos, gastar mejor y maximizar nuestras rentas”.
Cubas también explicó que el Fondo de Enfermedad y Maternidad se halla en desequilibrio grave desde hace varios años, arrastrando deudas millonarias en dólares y afectando seriamente la prestación de los servicios de salud a los asegurados.
Por otro lado, agrego «el Fondo de Jubilaciones y Pensiones también presenta un desequilibrio crítico desde el año 2020, que solamente en el año 2023 obligó a las autoridades a utilizar el 28% de la Renta de las Reservas por un monto de más de 370.000 millones de guaraníes de saldo negativo.
Mencionó que en base a datos reales de la institución lo que ingresa a través de la Dirección de Aporte Obrero Patronal no es suficiente para pagar todas las jubilaciones y pensiones, situación que se registra desde el año 2020, a partir del cual se está usando la Renta de las Reservas del Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones.
En relación a la propuesta de extender de 3 a 10 años la base reguladora, para calcular la jubilación, señaló que se trata “de una propuesta también ya antigua», que no es invento de esta administración.
«Ha sido observado por los últimos informes actuariales, que los críticos de hoy, que aparecen como iluminadores, no solamente conocen sino que han apoyado pública y documentalmente según registros y documentos institucionales y que hoy por el hecho de ser críticos pretenden poner en duda, incurriendo en al menos una profunda incoherencia y deshonestidad intelectual”, dijo.
Los jubilados y aportantes deben tener la certeza de que quienes tenemos la alta responsabilidad de manejar los rumbos institucionales lo haremos en el marco estricto de la ley y protegeremos los intereses y sobre todos los ahorros que por décadas han realizado quienes han contribuido con sus aportes a constituir el Fondo de Jubilaciones y Pensiones. Nos esforzamos cada día por recuperar el equilibrio financiero de la institución y con ello entregar las prestaciones de salud y de jubilaciones de manera oportuna y eficiente tal como se merecen nuestros asegurados, concluyó.
