Las autoridades de la ANDE revelaron que las operaciones contra la criptominería irregular en Paraguay han descubierto un daño significativo al patrimonio estatal y han incautado equipos por una potencia equivalente al doble de la demanda de una ciudad entera.
En lo que va del año, las intervenciones realizadas contra grandes establecimientos dedicados a la criptominería irregular han permitido detectar un daño patrimonial estimado en 13.000 millones de guaraníes, según informaron este jueves las autoridades de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).
En la última intervención, llevada a cabo en la ciudad de Salto del Guairá, se procedió a la desconexión de equipos con una potencia acumulada de 63,7 MW. “Comparativamente, esa es la potencia que corresponde al doble de demanda de la ciudad de Pilar y representa el 30% de la potencia nominal de la Central Hidroeléctrica Acaray”, dijo el presidente de la ANDE, Félix Sosa.
Esta intervención es la más grande en la historia de la institución, resultando en la incautación de 2.738 procesadores dedicados a la criptominería y 5 transformadores de potencia con una capacidad de 7,15 MW. El daño patrimonial no solo afectaba las finanzas de la empresa estatal, sino también el suministro normal de energía para los usuarios.
Procedimiento contra conexiones irregulares
El gerente comercial de la ANDE, Hugo Rolón, indicó que la empresa utiliza sistemas informáticos para analizar variaciones significativas en los sistemas de distribución e identificar usos elevados de energía. Además, planean incorporar software de inteligencia artificial para facilitar y agilizar las intervenciones.
El aumento en el tamaño de los establecimientos intervenidos se debe a una alianza entre la ANDE, el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), destacó Félix Sosa. Este convenio permitió el acompañamiento fiscal en los allanamientos realizados por los técnicos de la ANDE, así como el avance de las causas abiertas por sustracción de energía.
Decomiso de los equipos
“En cada intervención se realizan las imputaciones y la incautación de los equipos”, señaló Sosa. Con una propuesta de modificación del Código Penal, se busca elevar las penas para estos hechos y permitir el decomiso de los equipos una vez que los responsables hayan sido condenados para su subasta. El resultado de la subasta se integrará al patrimonio de la ANDE.
