Una jueza de Itakyry otorgó una insólita medida cautelar para habilitar una carrera de medicina en CDE, sin que se cumplan los preceptos legales. La resolución causa preocupación ya que deja un oscuro antecedente para saltar los controles del Cones.
Una peligrosa medida cautelar fue otorgada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral del distrito de Itakyry, dirigida por la jueza Eresmilda Román Paiva, ordenando la habilitación temporal de la carrera de Medicina en la filial de Ciudad del Este de la Universidad Autónoma San Sebastián (UASS) mientras se sustancia el juicio de Amparo en cuyo marco se emitió la resolución.
Esta decisión suscita varias preocupaciones. En primer lugar, el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES) pospuso la habilitación de nuevas carreras de Medicina para todas las solicitudes, mientras se conforma una comisión interdisciplinaria encargada de estudiar la situación para disipar dudas sobre posibles autorizaciones futuras de dicha carrera.
Por lo tanto, no existe «apariencia de buen derecho» en la solicitud, ya que el CONES no denegó específicamente la habilitación para la UASS, sino que pospuso el estudio de todas las solicitudes. No se puede alegar que se ha afectado un derecho hasta el momento.
Además, en este caso no se puede demostrar un riesgo real e inminente para la UASS si no se otorga la medida cautelar. La urgencia de abrir inscripciones y hacer publicidad no justifica la omisión del proceso regulatorio establecido por el CONES, el cual es crucial para asegurar la calidad educativa.
La desproporcionalidad de la medida cautelar es también preocupante, ya que podría tener consecuencias significativas para el orden público y la sanidad pública. Permitir la habilitación de una carrera de Medicina, y por ende, la inscripción de estudiantes en un programa no regulado y potencialmente deficiente, afecta la credibilidad de la educación médica en el país y de los futuros médicos que servirán en el sistema de salud nacional.
Finalmente, esta decisión judicial podría tener un impacto negativo en la regulación educativa, creando un precedente peligroso donde las instituciones educativas busquen atajos legales en lugar de cumplir con los requisitos establecidos por los organismos reguladores, poniendo en riesgo la calidad de la educación superior en Paraguay.
Es fundamental que las entidades educativas universitarias, especialmente las del área de salud, cuenten con la supervisión de la autoridad reguladora. Además, el hecho podría considerarse una estafa, con todas sus implicancias legales, para los futuros estudiantes que se inscriban en una carrera abierta por orden judicial en lugar de por el CONES.
