Diego Moreno Rodríguez Alcalá fue elegido para ocupar el puesto de juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, durante la votación realizada en la Asamblea General de la OEA.
Moreno y el candidato de Perú, Alberto Borea Odría, obtuvieron la mayoría en la primera ronda de votaciones. En segunda ronda, fue electo el candidato de Uruguay, Ricardo Pérez Manrique, para integrar la CIDH.
Los mismos tomarán posesión del cargo el 1 de enero de 2025 para cumplir funciones hasta el 31 de diciembre de 2030.
Sobre Diego Moreno
Moreno posee una destacada trayectoria profesional como investigador y profesor universitario, con estudios de Maestría en la Universidad de Columbia de Nueva York y de Doctorado en Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales en la Universidad de Salamanca. Tiene un cabal conocimiento del Sistema Interamericano, habiendo cumplido funciones como oficial jurídico en el Departamento de Derecho Internacional de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA durante más de 6 años.
En dicho carácter, asesoró en los trabajos que culminaron en las convenciones interamericanas contra el racismo, la discriminación y la intolerancia. Igualmente, prestó asesoramiento a los órganos políticos de la OEA en temas relacionados a los refugiados, desplazados internos y apátridas, y contribuyó a dar visibilidad a la temática de la protección de los afrodescendientes en el Sistema Interamericano, incluyendo en las reuniones de las Naciones Unidas llevadas a cabo en seguimiento de la Declaración de Durban.
«Desde una actitud y predisposición abierta al diálogo, a aprender y a escuchar, me considero con la confianza, la capacidad y el compromiso necesarios para aportar al fortalecimiento del sistema interamericano», había dicho el doctor Moreno al aceptar la candidatura.
En ese sentido mencionó la necesidad de avanzar en la protección de los derechos económicos, sociales, culturales, en materia de lucha contra la discriminación, el cuidado del medioambiente, los derechos humanos en la era digital y los nuevos problemas que amenazan la institucionalidad democrática de nuestros países.
Así también, se comprometió a promover una «una mejor armonización» entre el derecho internacional y los ordenamientos domésticos, a fin de lograr un fortalecimiento de las garantías de los derechos a nivel nacional y, llegado el caso, una mayor eficacia de las sentencias que dicta la CIDH.
