El diputado colorado Édgar Olmedo considera ajustes necesarios en la reciente ley de control de ONG. Señaló que se debe analizar si es necesario aplicar el mismo rigor a las agrupaciones que obtienen fondos de instituciones privadas o internacionales.
El diputado colorado Édgar Olmedo no descartó aplicar modificaciones al proyecto de ley de control a las ONG, que el Senado aprobó ayer con mayoría del cartismo y sus aliados. La Cámara de Senadores dio luz verde a esta iniciativa, cuyo objetivo principal es que las organizaciones no gubernamentales (ONG) rindan cuentas al Estado por los fondos recibidos.
Olmedo destacó la importancia de la transparencia para las organizaciones que reciben financiamiento estatal. Sin embargo, indicó que se debe analizar si es necesario aplicar el mismo rigor a las agrupaciones que obtienen fondos de entes internacionales o privados. “La transparencia nunca va a estar de más. Yo, particularmente, no creo que haya inconvenientes, pero hay que ver la forma de pulir este proyecto y podemos hacer unas correcciones o mejoras en la Cámara de Diputados”, mencionó el legislador.
Uno de los puntos que requiere un análisis profundo, según Olmedo, es la aplicación de multas en caso de incumplimiento en la rendición de cuentas. “Tengo entendido que las multas no tienen un parámetro muy técnico, hablan de montos únicos. No podés aplicarle a una ONG que tiene un subsidio del Estado de G. 100 millones una multa 10 veces mayor a ese aporte. Hay que buscar una lógica y aspectos técnicos que realmente condigan con la aplicación de las sanciones a las ONG que no rindan cuentas sobre los recursos que provienen del Estado por la cuantía y el monto que administran estas ONG”, explicó.
El diputado también descartó que la normativa tenga una intención política de convertirse en un “garrote” del Gobierno contra organizaciones que lo cuestionan.
“Buscar la transparencia, para mí, siempre es importante, hay que ver los alcances y que sean aplicables, que no sea una cuestión que busque socavar la labor misional y altruista que tienen las ONG. Entiendo que hay algunas que no cumplen a cabalidad su labor, pero no podemos generalizar a todas ellas, que muchas han contribuido mucho con el país”, afirmó.
Olmedo agregó que la intención es analizar la factibilidad de la normativa, haciendo énfasis en la diferencia entre fondos que provienen del Estado y recursos privados o del exterior. También se deberá verificar si el Estado puede aplicar restricciones contra las organizaciones en caso de incumplimiento.
La propuesta de ley ha generado un intenso debate entre los sectores sociales, quienes cuestionan la falta de discusión y señalan posibles violaciones a la Constitución Nacional y tratados internacionales.
