Relatoras del Consejo de Derechos Humanos de la ONU han solicitado al presidente Santiago Peña que revise un proyecto de ley que podría restringir derechos fundamentales al imponer controles sobre las organizaciones sin fines de lucro.
El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha enviado un documento al presidente Santiago Peña instándolo a reevaluar un proyecto de ley que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro. La ONU advierte que esta ley podría restringir derechos fundamentales de los ciudadanos.
El documento, del que se hizo eco el diario Última Hora, está firmado por Gina Romero, relatora especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación; Irene Khan, relatora especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; y Mary Lawlor, relatora especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos.
Las relatoras analizaron aspectos clave del proyecto y señalaron preocupaciones sobre varios artículos. Destacaron que el artículo cuarto, que exige un registro obligatorio de las organizaciones bajo el Ministerio de Justicia, y el artículo quinto, que requiere un registro detallado de financiamiento, podrían imponer una carga excesiva a las organizaciones, especialmente a las de base y aquellas con estructuras informales.
El análisis también critica el artículo 9, que prohíbe a organizaciones no registradas establecer relaciones contractuales con entidades del Estado, municipalidades, y otras instituciones. Las relatoras consideran que esta provisión podría ser una injerencia indebida en la autonomía de las organizaciones para manejar sus propios recursos.
La ONU recordó a Peña que las normas internacionales de derechos humanos reconocen el acceso a recursos como parte integral del derecho a la libertad de asociación. El Consejo instó al presidente a fomentar una discusión pública inclusiva que involucre a actores de la sociedad civil, directamente afectados por el proyecto.
Finalmente, recomendaron desarrollar una legislación que apoye el trabajo de las ONG en un entorno de transparencia y legalidad, reconociendo su papel crucial en la defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento del estado de derecho y la democracia en Paraguay.
