Santiago Peña, junto con líderes de los tres poderes del Estado, presentó un proyecto de ley que busca reforzar la lucha contra la corrupción mediante la creación de un consejo interinstitucional y un centro de denuncias controlado por la Contraloría.
Este lunes, el presidente de la República, Santiago Peña, presentó el proyecto de ley que establece el «Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción». La propuesta fue anunciada en una conferencia de prensa junto a Basilio Núñez, presidente del Congreso, y Luis María Benítez, presidente de la Corte Suprema de Justicia. La vocera Paula Carro destacó que se trata de un esfuerzo conjunto de los tres poderes del Estado, la Contraloría General de la República (CGR), y el Ministerio Público, buscando establecer una estrategia nacional unificada contra la corrupción.
Uno de los principales puntos del proyecto es la ampliación de las prerrogativas de la CGR para ejercer un control exhaustivo sobre todas las instituciones del Estado. «Se inviste de verdadera autoridad a la Contraloría como órgano extrapoder», explicó Carro. Además, el proyecto propone la creación de un consejo conformado por representantes del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, la Contraloría y el Ministerio Público para unificar los criterios de transparencia, prevención y denuncia de la corrupción.
El contralor Camilo Benítez subrayó que esta propuesta es el resultado de la cumbre de poderes convocada por el presidente Peña, que buscó coordinar la lucha contra la corrupción entre todos los estamentos del Estado. También se anunció la creación de un Registro Unificado Nacional para abordar la problemática de la regularización de tierras en el país.
Centro de denuncias
La ley prevé la creación de un centro de denuncias de corrupción en toda la función pública, que estará bajo la responsabilidad de la Contraloría. Tanto el contralor Camilo Benítez como el asesor jurídico de la Presidencia, Roberto Moreno, señalaron que actualmente existe un conflicto de intereses, ya que el órgano encargado de recibir denuncias, la Secretaría Anticorrupción (Senac), depende del Ejecutivo. «No se puede luchar contra la corrupción desde el órgano que es evaluado, por eso asumimos la responsabilidad desde la Contraloría», afirmó Benítez.
El proyecto de ley fue presentado al Congreso Nacional para su estudio y eventual tratamiento legislativo.
