El senador Gustavo Leite, vicepresidente de la Comisión Antilavado del Congreso, aseguró que no buscan castigar, sino transparentar el uso de fondos públicos. Criticó la negativa de un estudio jurídico a rendir cuentas sobre unos fondos que recibió.
«Nuestra visión es transparencia, no punición», afirmó el senador Gustavo Leite, destacando que la intención de la Comisión Conjunta de Investigación es transparentar la utilización del dinero público y no castigar a las entidades. Las declaraciones de Leite surgieron ante la postura de ciertos sectores que se muestran reacios a proporcionar información a la comisión sobre el uso de fondos públicos, en el marco de la investigación de hechos punibles de lavado de activos y delitos conexos.
El senador señaló que, si bien las organizaciones tienen derecho a negarse a proveer información, la comisión tiene la obligación de obtenerla por medios legales. «El artículo 195 de la Constitución Nacional nos faculta a requerir informes a cualquiera», declaró Leite durante una entrevista con la 780 AM.
La polémica se intensificó luego de que el estudio jurídico Colab Abogados EAS, representado por los abogados Jorge Ignacio Gross Brown Abreu y Mauricio Salgueiro Mezgolitz, se negara a rendir cuentas del uso de los fondos que recibió de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid). Los informes solicitados están relacionados con un proyecto que implementaba herramientas tecnológicas para agilizar procesos judiciales, con un presupuesto de USD 500 mil.
«Como senadores, tenemos la obligación de saber qué se gastó, por qué, para hacer qué y cuáles son los resultados, porque de lo contrario seríamos malos legisladores», expresó Leite, añadiendo que la solicitud de información se enmarca dentro de la Constitución y la Ley. «¿Por qué debería molestarse un estudio jurídico en contarle a la gente qué es lo que hicieron de bien para la Corte Suprema de Justicia y cuánto cobraron?», cuestionó.
En respuesta a las solicitudes de informes, Colab Abogados emitió un comunicado instando a otras organizaciones a «no ceder ni un centímetro» ante lo que califican como un «pedido inconstitucional» que atenta contra la democracia. Ante esta postura, Leite respondió: «Sus argumentos son falaces, no se puede pedir la inconstitucionalidad de la Constitución. Hablan de una donación, cuando es un acuerdo de cooperación entre Estados Unidos y Paraguay. Ambos países pusieron la plata».
El legislador enfatizó que la solicitud de informes abarca a todas las organizaciones que recibieron fondos dentro del acuerdo de cooperación, sean oenegés o no, en un esfuerzo por garantizar la transparencia en el manejo de los recursos.
