La Cámara de Diputados aprobó con modificaciones el proyecto de ley que regula la transparencia y la rendición de cuentas de las ONG’s. El documento, que excluye a iglesias, sindicatos y organizaciones campesinas, será remitido nuevamente al Senado tras recibir 47 votos a favor.
La Cámara de Diputados aprobó con modificaciones el proyecto de ley «Que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL)». Con 47 votos a favor, 13 en contra, 2 abstenciones y 18 ausencias, el proyecto fue remitido nuevamente al Senado debido a las modificaciones introducidas.
La versión aprobada coincide con las recomendaciones de las comisiones de Presupuesto y de Equidad Social e Igualdad de Derechos del Hombre y la Mujer, según explicó la diputada Cristina Villalba (ANR-Canindeyú). Entre las principales modificaciones, se aclara en el artículo 3 que organizaciones internacionales, partidos políticos, iglesias, sindicatos y otras entidades no estarán sujetas a control a menos que administren fondos públicos.
Otra modificación importante es que la autoridad de aplicación será el Ministerio de Economía y Finanzas, aunque la Contraloría General de la República también podrá intervenir en ciertos casos. El Estado tendrá el deber de promover iniciativas de las OSFL, velando por sus fines lícitos.
En cuanto a las sanciones, se eliminaron las multas para las personas físicas, pero se mantendrán apercibimientos por escrito e inhabilitaciones para los directivos que reincidan en incumplimientos. Para las personas jurídicas, la reincidencia podría resultar en la suspensión de la organización hasta por seis meses.
La diputada Rocío Abed (ANR-Alto Paraná), presidenta de la Comisión de Equidad Social, destacó que las modificaciones aprobadas coinciden con las recomendaciones del Poder Ejecutivo, asegurando un marco de transparencia y desarrollo nacional. El proyecto establece, además, que todas las OSFL deberán cumplir con obligaciones de registro, transparencia y rendición de cuentas, sin importar su forma jurídica, si administran fondos públicos o privados.
