Los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdéz presentaron acusación contra el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, y otros 10 implicados, alegando desvío de fondos públicos a través de licitaciones amañadas.
El Ministerio Público, a través de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdéz de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, ha formulado una acusación contra el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, y otras 10 personas. La solicitud se orienta a elevar a juicio oral y público en una investigación que involucra supuesta lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.
La acusación sostiene que Prieto, junto a un grupo de colaboradores, desvió aproximadamente G. 300 millones de fondos municipales a través de licitaciones públicas direccionadas hacia empresas afines a su gestión. Según el informe fiscal, este esquema se habría desarrollado entre marzo y junio de 2020, en el contexto de una licitación para la compra de insumos destinados a la fabricación de panificados para familias afectadas por la pandemia de Covid-19. Los investigadores alegan que estos insumos nunca llegaron a ser entregados, resultando en un perjuicio económico para las arcas municipales de G. 306.188.500.
El equipo fiscal también apunta a la participación de Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, quien se desempeñaba como director de administración y finanzas de la comuna, y otros colaboradores cercanos al intendente. La acusación indica que Prieto y su equipo habrían utilizado sus posiciones para manipular procesos licitatorios, asegurando que los contratos fueran adjudicados a entidades alineadas con sus intereses.
Este caso es el segundo proceso penal abierto contra Miguel Prieto, quien enfrenta una serie de denuncias en el Ministerio Público. Se lo acusa de liderar una organización permanente dentro de la administración municipal, que se aprovechaba de su posición de poder para facilitar y cometer actos de corrupción pública. Según el Ministerio Público, estas acciones configuraron un esquema estructurado y dirigido a beneficiar a una red de allegados al intendente, en perjuicio de los recursos destinados al bienestar social.
Las autoridades fiscales han solicitado que el caso se eleve a juicio oral, para que se dirima en el ámbito judicial la responsabilidad penal de los acusados, y se determine el alcance de las acciones que habrían comprometido el patrimonio público.
