El presidente del Congreso, Basilio Núñez, adelantó que la Cámara Alta aprobará las modificaciones sugeridas por Diputados al proyecto de control y rendición de cuentas de las ONG. Varios de los cambios introducidos fueron solicitados por el presidente Peña.
El presidente del Congreso Nacional, el senador Basilio Núñez, anunció que el Senado aceptará las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados, basadas en las sugerencias del Poder Ejecutivo, al proyecto que establece un marco de control, transparencia y rendición de cuentas para las organizaciones sin fines de lucro. El plenario de la Cámara Alta debatirá esta iniciativa mañana, miércoles, y, en caso de ser aprobada, será remitida al Poder Ejecutivo para su promulgación o posible veto.
“Acá existen dos versiones, el de la Cámara de Senadores y de Diputados, ambas fueron ampliamente debatidas. Este proyecto es para perseguir a quienes viven a costas de las oenegés, a los que lucran detrás de supuestas fachadas y solo se benefician ellos”, comentó Núñez, dejando clara la intención del proyecto de ley.
El legislador destacó que dentro del movimiento Honor Colorado existe un amplio consenso para respaldar las modificaciones realizadas por Diputados, argumentando que estas establecen sanciones “más flexibles” para aquellas organizaciones que se resistan a transparentar sus finanzas. Núñez también señaló que es fundamental que la ciudadanía tenga acceso a la información sobre el uso de fondos públicos por parte de las organizaciones no gubernamentales.
No se descarta que otras bancadas opositoras que frecuentemente apoyan las iniciativas del oficialismo también respalden el proyecto en su versión modificada. Ante la posibilidad de que grupos relacionados con las ONG impulsen acciones legales para bloquear la propuesta, Núñez recordó que «es una potestad que tienen las personas jurídicas y físicas en un estado de derecho».
El proyecto de ley excluye de su aplicación a organismos internacionales, agencias especializadas, entidades multilaterales, partidos y movimientos políticos, así como a las iglesias y confesiones religiosas. También quedan fuera de la normativa, salvo que manejen fondos públicos, las organizaciones deportivas no profesionales, sindicatos, asociaciones de trabajadores, organizaciones campesinas, estudiantiles, comisiones vecinales y juntas de saneamiento ambiental.
