Tras un amplio debate, el Senado aprobó con mayoría el proyecto que establece el control las ONG. La propuesta, que había sido modificada previamente en Diputados, pasará al Poder Ejecutivo para su promulgación.
El Senado dio su visto bueno al proyecto de ley que busca regular y establecer controles más rigurosos para las organizaciones sin fines de lucro en el país. La normativa fue aprobada con 31 votos a favor, mientras que solo un voto fue en contra de la versión de la Cámara de Senadores, 10 votos por el rechazo de ambas versiones, 1 ausente y 2 abstenciones. Esta decisión se tomó luego de que el proyecto fuera debatido como primer punto del orden del día, tras una solicitud del senador Natalicio Chase, líder de la bancada del movimiento Honor Colorado.
El senador Derlis Maidana, presidente de la Comisión de Legislación, defendió la iniciativa, argumentando que la ley busca llenar un vacío en la normativa vigente en cuanto al control de organizaciones sin fines de lucro que manejen fondos públicos o privados vinculados a sectores estratégicos del Estado. Según Maidana, la exclusión del alcance de esta ley abarcará a entidades internacionales, agencias especializadas, organizaciones deportivas no profesionales, sindicatos, asociaciones de trabajadores, organizaciones campesinas y estudiantiles, entre otras, siempre y cuando no administren recursos públicos.
El proyecto también establece que la autoridad encargada de su aplicación será el Ministerio de Economía y Finanzas, respetando las competencias de la Contraloría y otros organismos. Además, se prevé la promoción y apoyo a iniciativas asociativas para estimular la formación de organizaciones sin fines de lucro, garantizando la autonomía de estas entidades.
En lo que respecta a las sanciones, el documento elimina las multas económicas para los directivos de las ONG, pero mantiene la posibilidad de emitir apercibimientos y, en caso de reincidencia, imponer inhabilitaciones para la gestión de estas organizaciones. Para las personas jurídicas, se contempla la posibilidad de suspender al organismo infractor por un plazo de hasta seis meses.
El proyecto de ley ahora queda en manos del Poder Ejecutivo, que deberá decidir si promulga o veta la normativa. Desde la oposición, se ha instado al presidente Santiago Peña a vetar el proyecto por considerarlo una medida que podría restringir las libertades civiles y la autonomía de las organizaciones sociales.
