La Fiscalía subraya que las pruebas del caso del diputado Eulalio Gomes serán evaluadas de forma integral, tras conocerse informes que indican que el legislador no habría disparado contra los agentes durante el allanamiento.
El Ministerio Público emitió un comunicado este jueves en relación con la investigación del fallecimiento del diputado Eulalio “Lalo” Gomes, reafirmando su compromiso con la objetividad y el debido proceso en el caso.
El fiscal general del Estado, Dr. Emiliano Rolón Fernández, señaló que todas las evidencias deben ser evaluadas de manera conjunta y armónica, de acuerdo con el Artículo 175 del Código Procesal Penal, por lo que consideró prematuro extraer conclusiones definitivas sobre los hechos.
El pronunciamiento se da en medio de nuevas revelaciones en el caso, ya que los resultados de las pruebas laboratoriales realizadas a las muestras del cuerpo del legislador cartista indicaron que Gomes no habría disparado contra los agentes que realizaron el allanamiento en su vivienda en Pedro Juan Caballero en agosto pasado. Esta información contradice la versión oficial sostenida inicialmente por la Policía Nacional y el propio Ministerio Público, que alegaban que el diputado había abierto fuego contra los intervinientes.
Ante la difusión de estos resultados, el Ministerio Público enfatizó que se deben considerar todos los informes técnicos, pericias y testimonios, muchos de los cuales aún están pendientes, antes de llegar a conclusiones definitivas. “Es prematuro intentar conclusiones que solo enervarán el normal progreso de la investigación”, señaló el comunicado, recordando que el proceso de integración de las evidencias debe respetar las reglas del debido proceso.
El fiscal Celso Morales, uno de los investigadores del caso, había señalado que la información científica debe ser analizada en su totalidad y que, de comprobarse que el legislador no disparó, el accionar de los agentes policiales podría configurarse como una “conducta antijurídica”. La Fiscalía subrayó, finalmente, que su objetivo es asegurar que las decisiones se basen en las pruebas y en el marco del Estado de Derecho.
