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viernes, enero 10, 2025

Nueva ley aumenta las penas contra el abuso sexual infantil y tipifica nuevas formas de violencia

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El Gobierno promulgó una ley que eleva las penas para los delitos de abuso sexual infantil, incluyendo el abuso mediante coito en menores de 10 años, y amplía la protección legal de las víctimas, tipificando nuevas formas de violencia como el grooming.

 

El Gobierno ha dado un paso importante en la lucha contra el abuso sexual infantil con la promulgación de una nueva ley que refuerza el marco legal para combatir este delito. El presidente Santiago Peña sancionó la normativa que modifica los artículos 128 y 135 del Código Penal, introduciendo penas más severas y nuevas tipificaciones para proteger a niños y niñas.

«Esta es una reforma legislativa trascendental en la lucha que hemos iniciado contra el abuso sexual a niños y niñas», expresó Peña durante la promulgación de la ley. La principal innovación de esta legislación es el aumento de las penas para casos de abuso sexual en menores de 10 años, estableciendo una pena mínima de 15 a 20 años de prisión, que puede extenderse hasta 30 años dependiendo de la gravedad del caso.

Además del endurecimiento de las sanciones, la nueva ley también amplía la protección legal de las víctimas, agravando las penas en casos específicos y tipificando nuevos delitos, como el grooming, una forma de abuso sexual a través de medios tecnológicos.

El ministro de la Niñez y la Adolescencia, Walter Gutiérrez, indicó que en Paraguay se denuncian unos 3.500 casos de abuso sexual infantil cada año, y que el 82% de las víctimas son niñas, con una edad promedio de 9 años. Gutiérrez subrayó la importancia de esta reforma para castigar con las penas más altas a los responsables de estos crímenes, y destacó la implementación de la Guía de Prevención del Abuso Sexual Infantil, que ya ha capacitado a más de 70.000 niños y adolescentes en la prevención de este delito.

Con la promulgación de esta ley, Paraguay se posiciona como uno de los países con las penas más severas para castigar el abuso sexual infantil en la región, enviando un mensaje claro sobre la intolerancia frente a la violencia contra los niños y niñas.

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