El senador José Oviedo presentará una ley para reformar el JEM, exigiendo que sus miembros sean elegidos por voto popular, sean abogados y se reduzca el umbral de votos para iniciar investigaciones, garantizando mayor transparencia y evitando abusos políticos.
El senador José Oviedo informó este martes que presentará un proyecto de modificación de la Ley 6814, que rige al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), órgano encargado de enjuiciar y remover a jueces, fiscales y defensores públicos por mal desempeño o comisión de delitos. Según Oviedo, los cambios buscan asegurar que los representantes ante el JEM sean elegidos mediante sufragio popular y que sean de profesión abogados, garantizando así mayor profesionalismo y legitimidad en el proceso.
El proyecto se centrará en la modificación de los artículos 3, 6 y 18 de la ley, con el objetivo de que los integrantes del JEM sean aquellos legisladores que hayan obtenido la mayor cantidad de votos en los comicios generales. Además, se plantea que el proceso de elección se extienda a los representantes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), mientras que los representantes del Consejo de la Magistratura (CM) continuarán siendo designados por sus pares.
Otro aspecto importante de la propuesta es la duración de los cargos en el JEM, ya que se establecerá un período de 5 años, durante los cuales los integrantes deberán presentar informes anuales sobre sus actuaciones ante la Cámara Alta. En caso de que estos informes sean rechazados en dos ocasiones consecutivas por la plenaria del Senado, se procederá a su remoción.
Asimismo, Oviedo indicó que se reducirá el número de votos requeridos para iniciar una investigación de oficio en el JEM, pasando de 6 a 5. «Antes se había aumentado de 3 a 6 votos porque la institución era utilizada como un garrote político, pero ahora se les vuelve dificultoso tener esos 6 votos, entonces no hay oficiosidad», puntualizó.
Con estas modificaciones, el senador busca fortalecer la integridad y transparencia del JEM, evitando su uso como herramienta de presión política y asegurando que sus decisiones se basen en criterios profesionales y democráticos.
