El presidente Santiago Peña encabezó la entrega de 450 títulos de propiedad a familias de varios departamentos, destacando la titulación masiva de tierras como una política pública de justicia social que mejora la vida de los sectores más humildes del Paraguay.
Este lunes, en la ciudad de Coronel Oviedo, el presidente de la República, Santiago Peña, entregó títulos de propiedad a 450 familias de Caaguazú, Concepción, San Pedro, Cordillera, Canindeyú, Amambay y Alto Paraná, a través del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert). El evento, calificado como histórico por las autoridades locales, representa un avance significativo en la titulación masiva de tierras en Paraguay.
El gobernador de Caaguazú, Marcelo Soto, subrayó la importancia del título de propiedad como un derecho fundamental, el cual se está honrando bajo la actual administración. Por su parte, Francisco Ruiz Díaz, presidente del Indert, destacó que este proceso beneficia a 756 familias, consolidando la tenencia legal de sus tierras. Ruiz Díaz también adelantó que en 15 días se entregarán más títulos a familias de diferentes asentamientos, continuando con este esfuerzo de regularización.
La titulación masiva de tierras, según Ruiz Díaz, no solo tiene beneficios económicos y sociales, sino también efectos «curativos», brindando tranquilidad a las familias. Además, se anunció que las familias de Marina Cué, en el departamento de Canindeyú, recibirán próximamente sus títulos de propiedad, en lo que también se considera un logro histórico.
El presidente Peña enfatizó que la reforma agraria en Paraguay ha quedado en los papeles durante mucho tiempo, pero su Gobierno está comprometido con cambiar esta situación. «Nosotros vinimos a cambiar la vida de los paraguayos más humildes», expresó, resaltando que la entrega de títulos es una forma de justicia social que sana el alma y el corazón de las familias campesinas.
Además, durante el acto, se presentó un proyecto de ley para extender los plazos de pago por lotes rurales, con el objetivo de facilitar la titulación de tierras y promover el desarrollo rural. Esta iniciativa busca ampliar los plazos de pago para varones de 10 a 20 años y para mujeres de 15 a 25 años, apoyando a las familias campesinas en su lucha por la propiedad legal de sus tierras.
