El expresidente del Brasil, Jair Bolsonaro, y otros siete acusados serán procesados por supuestamente intentar anular las elecciones de 2022 a través de un golpe de Estado.
El Tribunal Supremo Federal de Brasil decidió, por unanimidad, abrir un proceso penal contra el expresidente Jair Bolsonaro y otros siete acusados por conspirar para derrocar el resultado de las elecciones de 2022, que dieron como ganador a Luiz Inácio Lula da Silva.
El tribunal consideró que existen indicios razonables de que Bolsonaro lideró una trama para promover una intervención militar con el fin de anular la victoria electoral de Lula y permanecer en el poder.
La denuncia presentada por la Fiscalía y aceptada por los cinco jueces de la Sala Primera del Supremo incluye cargos por abolición violenta del Estado democrático de derecho, intento de golpe de Estado, organización criminal armada, entre otros. Entre los acusados se encuentran exministros y altos mandos militares que presuntamente participaron en el complot.
El juez instructor del caso, Alexandre de Moraes, afirmó que se trató de un intento de golpe de Estado violento, destacando que la conspiración solo fracasó debido a la negativa de los comandantes del Ejército y la Fuerza Aérea a apoyar las medidas extremas propuestas. Otros jueces, como Flávio Dino y Cármen Lúcia, coincidieron en que la investigación de la Fiscalía fue detallada y que los hechos señalados son graves.
La acusación principal señala que la conspiración culminó con la invasión violenta de las sedes del Congreso, el Supremo y la Presidencia el 8 de enero de 2023, pocos días después de la toma de posesión de Lula. Según la Fiscalía, este ataque buscaba desestabilizar al gobierno legítimamente elegido y revertir los resultados electorales.
En respuesta, Bolsonaro calificó las acusaciones de «infundadas» y sugirió que los magistrados de la Corte tienen algo personal contra él. El exmandatario también expresó su preocupación por la rapidez con la que avanza el proceso en su contra, argumentando que esto busca impedir su candidatura en las elecciones presidenciales de 2026.
Bolsonaro, quien ya fue imputado por otros crímenes, admitió haber discutido con comandantes militares la posibilidad de declarar el Estado de sitio tras las elecciones, pero defendió que estas discusiones no constituyen delito, ya que están contempladas en la Constitución.
