Desde el 22 de marzo, múltiples amenazas de atentados han provocado evacuaciones en centros comerciales, universidades e instituciones en Uruguay. La policía investiga al menos 20 llamadas y cinco correos electrónicos. Tres personas ya fueron judicializadas.
Uruguay enfrenta una serie de amenazas de atentados contra sitios públicos, lo que ha generado alarma en la población y un operativo constante de las fuerzas de seguridad. Desde hace más de una semana, instituciones públicas y privadas han recibido advertencias de bomba que, aunque resultaron ser falsas, han derivado en evacuaciones y procesos judiciales.
Este lunes, la Universidad Católica de Uruguay debió desalojar sus sedes en Montevideo, Punta del Este y Salto tras una amenaza de bomba. Días antes, también fueron evacuados el Mercado Agrícola de Montevideo y el Portones Shopping.
El 22 de marzo, una advertencia llevó al cierre del Montevideo Shopping, que al día siguiente volvió a ser evacuado junto con el Punta Carretas Shopping. Posteriormente, el centro comercial Portones Shopping y la Facultad de Medicina de la Universidad de la República también fueron blanco de amenazas.
Investigación y detenciones
Las autoridades han identificado a varios responsables de las falsas amenazas. Hasta el momento, tres personas fueron judicializadas. Una mujer de 28 años y un joven de 20 fueron imputados por simulación de delito y violencia privada; la primera recibió 45 días de prisión domiciliaria con tobillera electrónica, mientras que el segundo deberá cumplir 120 días bajo la misma medida.
Además, un guardia de seguridad del Montevideo Shopping fue condenado a seis meses de prisión en régimen de libertad a prueba por haber realizado amenazas a ese centro comercial y a dos hospitales.
Medidas y sanciones
El ministro del Interior, Carlos Negro, advirtió que la investigación sigue en curso y que más personas podrían enfrentar cargos. Además, adelantó que los responsables deberán pagar multas de hasta 182.000 pesos uruguayos (unos 4.300 dólares).
Las autoridades mantienen estrictos protocolos de seguridad para evitar nuevos episodios, mientras la población sigue en alerta ante la incertidumbre generada por la ola de amenazas.
