La familia de Lalo Gomes reclamó que la Senabico confiscó sus propiedades sin permitirles demostrar la legalidad de los bienes. Piden la intervención del Congreso y advierten sobre irregularidades en el proceso tras la muerte del legislador en un operativo policial.
El presidente del Congreso, Basilio «Bachi» Núñez, recibió este lunes a familiares del fallecido diputado colorado Eulalio «Lalo» Gomes, quienes denunciaron supuestas irregularidades en el proceso de incautación de sus bienes por parte de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico). En la reunión participaron la viuda Joana Rodrigues, su hija Larissa Gomes y el abogado Óscar Tuma.
La familia sostuvo que Senabico confiscó propiedades rurales ubicadas en Amambay y Concepción sin respetar los procedimientos legales, ya que no les ofreció la oportunidad de presentar documentos que acreditaran la adquisición legítima de los inmuebles. “No se nos dio esa posibilidad, y tenemos todos los biblioratos que prueban cómo se accedió a la estancia”, aseguró Tuma, quien pidió que el Congreso supervise el proceso para garantizar la legalidad.
Tuma también refutó las cifras difundidas por la Fiscalía, asegurando que no existen las supuestas 17.000 cabezas de ganado ni un patrimonio de 130 millones de dólares atribuibles a Gomes. “Todo lo que adquirió el diputado lo hizo en forma legal”, afirmó.
Además, criticó que aún no se haya esclarecido el motivo del operativo policial que terminó con la muerte de Gomes el 19 de agosto de 2024 en su residencia, durante el allanamiento en el marco de la causa «Pavo Real II». “Ya le mataron al diputado y hoy todavía no sabemos cuál fue el motivo”, expresó.
A su turno, Larissa Gomes pidió justicia y la restitución de los bienes familiares. “Recibí mucha fuerza de la bancada de Honor Colorado. Los bienes de mi familia fueron adquiridos décadas atrás y no queremos que esto quede impune”, manifestó.
Actualmente, el hijo del exdiputado, Alexandre Rodrigues, sigue procesado y privado de libertad en el marco de la misma investigación.
Según Senabico, los inmuebles rurales fueron recibidos para su administración provisional. Al cotejar los datos de vacunación del ganado, se constató un faltante considerable, ya que se esperaban unas 20.000 cabezas, pero solo se hallaron alrededor de 3.000.
