El Poder Ejecutivo oficializó un decreto que obliga a los proveedores del programa de alimentación escolar a destinar al menos el 10% de sus compras a productos de la agricultura familiar campesina y un 5% a Mipymes, como condición para recibir pagos.
El Poder Ejecutivo emitió el Decreto N° 3.899, que establece la obligación de las empresas proveedoras del programa de alimentación escolar “Hambre Cero” de adquirir un mínimo del 10% de sus insumos —como frutas y verduras— de la agricultura familiar campesina, y un 5% adicional de micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) locales.
El anuncio fue realizado este jueves por el ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, en conferencia de prensa desde Mburuvicha Róga, tras una reunión con el presidente en ejercicio, Pedro Alliana.
La medida busca fortalecer la producción nacional y garantizar un circuito económico local que beneficie directamente a pequeños productores y emprendedores.
El ministro explicó que, aunque estas disposiciones ya estaban mencionadas entre los lineamientos del programa “Hambre Cero”, no estaban contempladas en la ley ni en el decreto reglamentario, por lo que se oficializó su obligatoriedad mediante esta nueva normativa.
Además, el decreto dispone que las empresas deberán presentar mensualmente las facturas de compra a productores familiares y Mipymes para que puedan recibir el pago por sus servicios. El incumplimiento de esta condición será considerado falta contractual y podrá ser sancionado administrativamente.
El decreto también prevé que los porcentajes mínimos de compras a la agricultura familiar y a las Mipymes puedan ser aumentados anualmente por el Consejo Nacional de Alimentación Escolar (Conae), en coordinación con los ministerios de Economía, Agricultura e Industria.
“Con esto estamos estableciendo un procedimiento claro y contundente para dar seguridad a los productores, de que sus productos serán comprados directamente y en condiciones transparentes”, afirmó Rojas.
Finalmente, el ministro subrayó que esta decisión forma parte del compromiso del Gobierno con el fortalecimiento de la economía local, el desarrollo rural y la mejora de la calidad de la alimentación escolar en todo el país.
