Los sectores opositores que hoy claman por la tutela de la Corte Suprema de Justicia son los mismos que, en el pasado reciente, desacataron sus fallos, negaron bancas a senadores electos y declararon por cuenta propia la inconstitucionalidad de resoluciones judiciales.
La política paraguaya vuelve a revelar su costado más incoherente y cínico. Esta vez, la protagonista es la oposición, que se abraza con fervor al principio de tutela jurisdiccional… ese mismo que despreciaba cuando las decisiones del máximo órgano judicial no le eran convenientes.
La reciente notificación de la Corte Suprema de Justicia al Senado sobre la conformación del plenario que estudiará la acción presentada por Kattya González —destituida por pérdida de investidura— desató una inesperada súplica opositora por el respeto institucional. La misma figura jurídica utilizada hoy por el oficialismo fue la herramienta predilecta de la mayoría opositora en su momento para purgar a sus adversarios políticos del Senado. González no fue la primera, ni será la última víctima de ese mecanismo de control político, que los opositores defendieron con vehemencia cuando les fue útil.
Hoy, sin embargo, la lógica se invierte. Ante la declaración del presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez, de que la Cámara no acatará un eventual fallo que ordene la restitución de González —por considerar que tal figura no tiene sustento constitucional—, los opositores denuncian atropello, desconocimiento del Estado de Derecho y claman por el imperio de la ley. Una postura que contrasta con la que defendieron cuando el Congreso, con mayoría opositora, negó la asunción de Horacio Cartes y Nicanor Duarte Frutos como senadores electos y proclamados, en abierto desacato a resoluciones judiciales.
En aquel entonces, la “independencia de poderes” fue la excusa perfecta para violar principios elementales del orden republicano. La bancada opositora, con respaldo mediático, incluso aplaudió cuando el entonces presidente Fernando Lugo llamó a jurar como senadores a algunos que no había sido electo, reinterpretando por sí mismo la Constitución y desconociendo una resolución firme del Poder Judicial. Fue la oposición quien instauró la jurisprudencia de “desacatar lo que no conviene”.
Los precedentes hablan por sí solos. Y hoy, al ver revertida la relación de fuerzas, se victimizan ante un garrote institucional que ellos mismos ayudaron a forjar. El problema no es la Constitución, ni la Corte Suprema, ni el oficialismo: el problema es la hipocresía política y la elasticidad moral con la que ciertos actores operan según estén en el poder o en la banca de la minoría.
Lo que ayer fue arrogancia revestida de institucionalidad, hoy se transforma en lamento envuelto en discursos republicanos. Pero la memoria histórica es terca, y los antecedentes pesan. Llorar hoy por lo que se celebró ayer no solo es incoherente, es una burla al ciudadano que aún cree en la justicia como principio y no como herramienta de ocasión.
