Con apenas un 12% de participación ciudadana, el proceso de elección de jueces impulsado por el oficialismo mexicano fue cuestionado por su falta de garantías democráticas, errores de diseño y manipulación.
La elección popular de jueces en México, realizada el domingo 1 de junio, concluyó con una de las participaciones más bajas de la historia electoral reciente del país: cerca del 12% del padrón acudió a votar. El proceso, propuesto por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y ejecutado por la actual mandataria, Claudia Sheinbaum, fue duramente criticado por especialistas, jueces y observadores internacionales por sus múltiples fallas, falta de legitimidad y retrocesos institucionales.
La magistrada Emilia Molina, presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, calificó el proceso como “desaseado, ilegal” y una “reversión histórica de garantías democráticas”. A su juicio, la elección no solo vulneró la independencia judicial, sino que se desarrolló sin condiciones mínimas de transparencia y representatividad.
Los comicios buscaban cubrir 881 cargos judiciales, pero se vieron marcados por improvisaciones, boletas mal diseñadas, ausencia de fiscalización ciudadana, y múltiples irregularidades. Según Molina, en muchos casos los votantes –en su mayoría adultos mayores– fueron presionados a sufragar bajo la promesa de conservar sus pensiones. Además, en algunos distritos se repartieron “acordeones” con instrucciones explícitas sobre a quién votar, práctica prohibida por la ley electoral salvo en casos de discapacidad grave.
Otras anomalías incluyeron boletas que no coincidían con la cantidad de candidatos por elegir, distritos donde había un solo postulante por cargo, y candidaturas con antecedentes penales o vínculos con el narcotráfico. En cuanto a la representación, se denunció que juzgados con competencia nacional –como los especializados en economía, radiodifusión y telecomunicaciones– fueron electos únicamente por ciudadanos de Ciudad de México.
Para expertos en derecho y democracia, el modelo de elección directa de jueces vulnera principios fundamentales de separación de poderes. “El Poder Judicial debe estar ajeno a la lógica de representación política. Elegir jueces como si fueran diputados es distorsionar el rol de la justicia”, advirtió Molina, recordando que la propia ONU, a través de su relatoría sobre la independencia judicial, se manifestó en contra de esta iniciativa.
Pese a las severas críticas, es improbable que el Instituto Nacional Electoral (INE) anule el proceso. Según Molina, el organismo se encuentra “cooptado y amenazado” por el oficialismo, que incluso podría aprovechar el fracaso para impulsar una reforma que termine de subordinarlo.
El resultado representa un revés político significativo para la presidenta Claudia Sheinbaum y para el partido gobernante Morena, que apostaron por una reforma judicial inédita a nivel mundial. México se convierte así en el único país que elige por voto directo a sus jueces, en medio de un clima de creciente preocupación por el deterioro institucional y la subordinación de los poderes del Estado.
