El fiscal general Emiliano Rolón reveló que abogados del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset propusieron su entrega a cambio de beneficios judiciales para su esposa y condiciones especiales de reclusión. El Ministerio Público rechazó el acuerdo.
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, confirmó este martes que representantes legales de Sebastián Marset se acercaron al Ministerio Público con una propuesta formal de entrega del narcotraficante, actualmente prófugo. Según detalló, la oferta incluía el pedido de liberar de procesos judiciales a la esposa del acusado, Gianina García Troche, y garantizar condiciones carcelarias especiales.
“Hace un tiempo se presentó un profesional planteando el tema de la entrega de Marset, munido de una propuesta escrita en la que decía que se libere de proceso a la esposa y condiciones especiales de reclusión para aquel”, indicó Rolón en declaraciones a Última Hora. La Fiscalía respondió que no puede acordar condiciones con prófugos de la justicia y que, en cambio, se ofrecieron las garantías procesales contempladas por la Constitución.
La confirmación coincide con la difusión de una carta supuestamente escrita por Marset y leída por la periodista uruguaya Patricia Martín en su programa radial. En el texto, el narcotraficante acusa directamente al Estado paraguayo de rechazar su entrega y sostiene que “vivo no les sirvo, porque sé muchas cosas, arrastraría a muchos conmigo… Me prefieren muerto”.
En un tono desafiante, Marset califica de “hipócritas” a las autoridades paraguayas y afirma que “tiene media ciudad tomada”, aunque asegura no operar por el momento. “Sé que mi problema con tiempo y dinero lo voy a solucionar, pero ustedes me están agotando la paciencia”, advierte.
El narcotraficante también denuncia las condiciones de reclusión de su esposa, actualmente detenida en el penal de Viñas Cué, a quien describe como una persona sin antecedentes ni vínculos con actividades ilícitas. Criticó además el largo plazo fijado para su audiencia judicial, tras haber permanecido detenida durante diez meses en España antes de su extradición.
Las acusaciones más graves fueron dirigidas a la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y, en particular, a su Dirección de Inteligencia Sensible (SIU). Marset afirmó que funcionarios de esta unidad “manejan la droga que entra y sale del país” y mencionó directamente a Daniel Fernández, a quien acusó de estar al tanto y participar de las operaciones. “Ese es más narcotraficante que cualquiera ahí en su país”, escribió.
Hasta el momento, ni la Senad ni otras instituciones mencionadas en la carta se pronunciaron públicamente sobre las acusaciones.
El caso Marset se ha convertido en uno de los mayores desafíos para la justicia paraguaya en la lucha contra el crimen organizado transnacional. Las revelaciones recientes vuelven a sacudir a las instituciones y aumentan la presión sobre el Gobierno y el sistema judicial.
