Camilo Benítez compareció ante la Comisión de Intervención y afirmó que existen indicios suficientes para intervenir la gestión del intendente Óscar Rodríguez. Denunció un desfalco de G. 500.000 millones en el uso de bonos.
El contralor general de la República, Camilo Benítez, acudió este jueves a la convocatoria de la Comisión de Intervención de la Municipalidad de Asunción, conformada para analizar la gestión del intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez, tras la solicitud remitida por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados.
Durante su exposición ante los legisladores, Benítez argumentó que existen elementos suficientes para justificar la intervención, especialmente en relación con el uso de bonos municipales por un monto cercano a los 500.000 millones de guaraníes. “El intendente no pudo presentar documentación respaldatoria para justificar ese uso de fondos”, señaló.
El titular de la Contraloría afirmó que el presunto “desfalco” financiero se produjo debido a la falta de aplicación de recomendaciones emitidas por el órgano contralor en años anteriores, particularmente en materia de control interno y seguimiento de recursos. “Ojalá podamos arrojar luz sobre las más de nueve denuncias penales que hemos presentado contra el intendente”, expresó.
Benítez también denunció la obstrucción que representa el actual conflicto institucional entre la Contraloría y el Tribunal de Cuentas, al que se remitieron los documentos de ejecución presupuestaria. “El Tribunal se declaró competente, pero no nos entrega las documentaciones. Este es un problema histórico que nos impide avanzar en la fiscalización”, indicó.
Afirmó que la situación de la Municipalidad de Asunción “amerita una intervención” por la magnitud de los hechos denunciados y la imposibilidad de obtener la información necesaria para seguir investigando. “Con todos estos reportes, documentos y obstáculos, creemos que la intervención es pertinente y necesaria”, concluyó.
La Comisión de Intervención evaluará los argumentos técnicos y políticos antes de emitir una recomendación al pleno de la Cámara de Diputados, que deberá definir si aprueba o no la intervención del gobierno municipal capitalino.
